La UE lidera "un proceso esencial" en la regulación de la desinformación, de manera que las plataformas digitales "compensen su interés privado con el interés público de lo que hacen", ha explicado a EFE la directora de la cátedra UNESCO y Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes (Colombia), Catalina Botero.

Botero, también comisionada de la Comisión Internacional de Juristas, ha defendido este planteamiento en el IX Curso de Verano sobre Inteligencia y Seguridad, de la Universidad de La Rioja y la Guardia Civil, celebrado en Logroño.

En este Curso se ha profundizado en el papel de las plataformas digitales frente a la desinformación, las soluciones tecnológicas y la respuesta de la sociedad ante este fenómeno.

La UE, ha incidido, "está siendo líder global en proponer regulaciones democráticas", que son "extraordinarias" para "asegurar que haya evaluación de riesgos por parte de las plataformas, para haya medidas de mitigación de esos riesgos, haya más transparencia y haya más rendición de cuentas".

Es importante que exista "más transparencia", por ejemplo, ante la desinformación electoral, y que haya una protección reforzada de los datos personales", con el fin de que "los que se denominan actores maliciosos no puedan acceder a todos los datos de internet", ha indicado.

La UE tiene normativa en este ámbito, como la Ley de Servicios Digitales y el Código reforzado de buenas prácticas, previsto en esta norma, ha detallado esta especialista, quien ha incidido en el alcance de esta normativa, por ejemplo, en lo concerniente a la desinformación electoral.

Sin embargo, desde su punto de vista, el gran reto está en la aplicación de la normativa, que "está escrita" y en cómo se aplica por parte de los Estados miembros.

Por ello, ha defendido la importancia de que los Estados nombren técnicos cualificados que "ejerzan la función de supervisar si las plataformas están cumpliendo o no (con el marco normativo) y decirles cómo cumplir", lo que ha denominado como implementación.

También ha indicado que las plataformas también deben ser conscientes de la normativa y de que se rigen por el derecho constitucional y los derechos fundamentales.

La desinformación, un fenómeno extraordinariamente grave

Botero ha recalado que la desinformación es "un fenómeno extraordinariamente grave", que requiere, en primer lugar, "entender de qué se trata para separarlo de la libertad de expresión".

"Hay que tener mucho cuidado -ha precisado- en distinguir una cosa de la otra", de manera tal que "no se termine sacrificando toda la libertad de expresión y la posibilidad que tiene la sociedad de dar sus opiniones, exponer su manera de ver el mundo, hablar, sobre todo, de manera formal, robusta y desinhibida en contextos electorales, con el pretexto de que estamos acabando con la desinformación".

Ha precisado que existen "muchos gobiernos en muchas regiones del mundo que, con el pretexto de la desinformación, quieren, en realidad, limitar la libertad de expresión, la actividad de la prensa de investigación, limitar lo que pueda decir la oposición o las defensoras y defensores de Derechos Humanos".

Cuando se habla de desinformación, es importante saber si se trata de "grandes campañas sistemáticas, hechas con la intención de engañar al público sobre la base de información falsa, no porque un gobierno lo dice, sino porque (el mensaje) no se corresponde con datos que pueden ser verificados adecuadamente".

El fin en estos casos es engañar al público para obtener un beneficio político o económico y es algo que "se produce en las redes sociales, en sistemas de mensajería directa o en algunos medios de comunicación", ha alertado.

El fenómeno de la desinformación hay que mirarlo en su conjunto, ha subrayado Botero, quien ha alertado de que la forma de distribuirse la información en las redes sociales y en estos sistemas de mensajería directa es "tan veloz y tan rápida que, probablemente, ese es el problema en el que hay que concentrarse" en la lucha contra este fenómeno.