Decía Churchill que la política hace extraños compañeros de cama. En este caso, más que la política, es el enfado ante la decisión del Gobierno (asociada a sus urgencias) de dar la llave de la caja al independentismo catalán a cambio de una nueva investidura, ahora la de Salvador Illa al frente de la Generalitat.
Con un rechazo frontal es como han reaccionado todas las regiones del PP y también varios barones del PSOE ante la soberanía fiscal para Cataluña que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como pago a sus votos para despejar el camino que permita al socialista convertirse en nuevo presidente de la Generalitat.
Los gobiernos populares han anunciado ya una batalla judicial en su contra y un rosario de recursos al Tribunal Constitucional pero, en todo caso, el fuego amigo también le estalló al Ejecutivo con fuerza.
La propuesta de un sistema de financiación singular para Cataluña fue muy criticada por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, los barones del PSOE de Aragón y Extremadura y, además, suscitó el recelo de socios parlamentarios del Ejecutivo como Compromís, que avisó de que no lo apoyará en el Congreso de los Diputados si no se aborda a la vez el problema de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, quien hoy hará una declaración institucional al respecto, fue otra vez el más beligerante al recriminar el «atronador silencio» del PSOE ante un acuerdo que le tiene «perplejo» porque entiende que supone un «grave atentado» a la igualdad de los españoles.
La sublevación manchega subió un peldaño más cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad dio luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y autorizó al gabinete jurídico el ejercicio de acciones para formalizarlo.
En igual tono de reprobación se expresó el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que tachó de «inadmisible» el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer «una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles». «El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa», denunció.
A su vez, el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, anticipó que si quiebra el principio de igualdad entre los españoles, estarán «radicalmente en contra».
Entre los gobiernos populares, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avanzó que el Consell dará «todos los pasos hacia adelante necesarios» para defenderse del que calificó como «golpe de estado fiscal», en relación al acuerdo de ERC y PSC. «La solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE y esto no lo vamos a tolerar», aseveró.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una «batalla judicial sin precedentes» si se materializa el acuerdo y acusó a Pedro Sánchez, de «saltarse la Constitución» y «pisotear la igualdad de los españoles».
Su homólogo andaluz, Juanma Moreno, avanzó que Andalucía «debe responder y va a responder» en defensa de sus intereses ante el «ataque frontal» que supone el pacto.
Al aluvión de críticas se sumó también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que declaró que no va a tolerar que «para darle a otros más de lo que les corresponde» se «lo quiten» a los gallegos; y el de Murcia, Fernando López Miras, advirtió que usará «todas las herramientas jurídicas e institucionales y políticas» a su alcance para pararlo.
«No estaremos quietos»
La líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció que Pedro Sánchez «rompe la caja común de los españoles» y añadió a modo de aviso: «No nos quedaremos quietos ni de brazos cruzados».
Finalmente, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aseguró que no consentirá que Illa sea investido presidente a costa de las «oportunidades y derechos» de los cántabros y la extremeña, María Guardiola, acusó al Gobierno de mantener una «actitud kamikaze» en contra de la Constitución.