En ocasiones la política española es imprevisible con giros de guion impensables y en otras todo ocurre, en términos generales, como se había venido anunciando: el nombramiento de los nuevos ministros ha seguido esa estela. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha elegido, para que le acompañen en la difícil legislatura que comienza de forma efectiva a unos ministros en los que la mayoría de los que dependen de la pata socialista repiten en sus cargos o cambian de cartera, y los que llegan tienen una fuerte impronta ideológica, mientras que, en la parte de Sumar, Yolanda Díaz, ha dejado fuera del Consejo de ministros a Podemos. A la oposición como era previsible el nuevo Ejecutivo no le gusta nada, ni que siga siendo mastodóntico como consecuencia del pacto de coalición, ni la permanencia de algunos ministros que consideraban quemados, o porque consideran que la división de poderes corre todavía mayor peligro, además de estimar que Sánchez estará maniatado por el prófugo Carles Puigdemont, el verdadero presidente de Gobierno.

Sánchez ha decidido dar continuidad al trabajo que han realizado los responsables de las denominadas carteras de Estado -Exteriores, Interior y Defensa-, y ha pasado la de Justicia al hombre fuerte del Gabinete, Félix Bolaños, que tiene por delante dos asuntos esenciales, poner en marcha la ley de amnistía que ha pactado con los independentistas, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que le van a convertir en uno de los objetivos de la oposición, que va a hacer de la denuncia de la politización de la justicia y de la ocupación de las instituciones por parte del PSOE el eje de su trabajo.

A la espera de que se concrete el destino de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Banco Europeo de Inversiones, el continuismo es la línea que ha seguido el jefe del Ejecutivo con la reafirmación de vicepresidentas y ministros que han contribuido a que la situación económica sea mejor que la de otros países europeos, que han tenido éxitos en su gestión ante la Unión Europea, -Teresa Ribera, María Jesús Montero….,  que son buenos conocedores de la burocracia europea, -Luis Planas-, que en algunos casos tienen un potente anclaje con el PSOE, -Óscar Puente en Transportes, - y forman parte de las cuotas de poder que se da a las federaciones regionales a las que se quiere reconocer sus aportaciones, como Jordi Hereu, al frente de Industria, o Isabel Rodríguez al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un asunto que Sánchez quiere que se convierta en la quinta pata del Estado de bienestar. De una u otra forma los nuevos ministros llegan con conocimientos de gestión como la nueva responsable de Seguridad Social, Elma Saíz, exconsejera de Hacienda de Navarra.

Pese al mantenimiento del número de ministerios -veintidós- se han producido fusiones de competencias que eran producto de una división ficticia, -Universidades vuelve a Ciencia, y Consumo se integra en Derechos Sociales-, aunque aparece un nuevo ministerio en la cuota de Sumar, Infancia y Juventud. Dentro de la previsibilidad de la configuración del nuevo Gobierno se encuentra que el Ministerio de Igualdad haya vuelto al área de influencia del PSOE, y no se atiende la demanda de Podemos de dirigir esa cartera, lo que vaticina que el Ejecutivo tendrá una vida interna menos tensa, pero que al mismo tiempo supone una declaración de guerra abierta con el Gobierno, -al que considera que le va a falta motor progresista- y entre los morados y Sumar, que gana fuerza al contar con carteras con mayores responsabilidades como las de Sanidad y Cultura.  Si por continuidad y procedencia la capacidad de gestión de los ministros socialistas parece acreditada, la de los ministros de Podemos está por confirmar más allá de su labor política y partidista.