El Tribunal Constitucional (TC) comunicó ayer, a través de una escueta nota de prensa, que el pleno de la institución ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno de España sobre varios aspectos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de La Rioja para 2024.

La vigencia y aplicación de estos apartados, que hacen referencia a la aplicación de fondos europeos, quedan así suspendidas desde la fecha de interposición del recurso, el 30 de septiembre, para las partes, y desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para terceros.

En concreto, en el recurso de inconstitucional, el Gobierno de España alegaba que los preceptos impugnados podrían vulnerar la competencia estatal básica en materia de contratación pública, de acuerdo al artículo 149 de la Constitución. Esta decisión, según el Ejecutivo de La Rioja, cuyos servicios jurídicos no han recibido el dictamen del TC, no tendrá consecuencias prácticas ni para los expedientes ya tramitados ni para los que están en camino.

¿Y qué dicen los apartados recurridos?

 Pues el primero de ellos, el uno del artículo 12, declara la tramitación de «urgencia y el despacho prioritario» de los procedimientos que permitan la ejecución de los gastos  con cargo a los fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, «sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia».

 No obstante, aclara en el punto dos que lo establecido en el artículo precedente se entenderá sin perjuicio de la necesidad de que, de conformidad con la normativa europea, la declaración de urgencia de los contratos públicos requiera de una motivación «para cada uno de ellos».

Y es a este segundo punto al que el Gobierno de La Rioja se agarra para argumentar su creencia de que la sentencia del TC no tendrá consecuencias prácticas.

Explica que la introducción de este artículo fue consecuencia de la demora en la ejecución de fondos europeos y, con la finalidad de «desatascar este cuello de botella», se adoptó la decisión de que dichos expedientes se validaran, con carácter general, por el procedimiento de urgencia. Ahora bien, como  fue este apartado el que motivó el conflicto con el Estado, se introdujo en la ley que  la  tramitación de urgencia y el despacho prioritario de los gastos con cargo a los fondos Next Generation se motivara «contrato por contrato», y no con carácter general. «Por ello, entendemos que no tendrá ninguna consecuencia prácticas ni para los expedientes que se han tramitado ya, los que se están gestionando, o los futuros», señala una portavoz  del Ejecutivo regional, que reitera que espera una comunicación institucional  por el cauce reglamentario.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, justificó la presentación de este recurso en que el artículo resultaba incompatible con las bases estatales, ya que afecta a competencias que corresponden al Estado e incluso de carácter comunitario. Añadió que el recurso llegó después de que se activara «en su momento» el mecanismo de negociación entre los Gobierno central y de La Rioja sin que fuera posible un acuerdo.

La demora en la aplicación de los fondos europeos.La Rioja era la penúltima región en la ejecución de fondos europeos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía hasta febrero de 2024, recogidos en la plataforma ELISA. En concreto, la comunidad riojana acumulaba una ejecución del 38,6%, poco más de un tercio del dinero procedente de Bruselas, por delante solo de Cataluña, con un 33,1%, en una clasificación que encabezaba Galicia, con un 72,7%, a la que seguían País Vasco (67,8%), Castilla y León (65%), Aragón (64,8%) y Castilla-La Mancha (64,5%).

Fue esta circunstancia la que obligó al Gobierno de La Rioja a considerar «urgentes» y «prioritarios» todos los proyectos que incluían fondos europeos, tal y como se recoge en la ley de medidas fiscales y administrativas para 2024, 

La comunidad, según la citada plataforma, ha acelerado en los últimos meses la gestión de esta importante cantidad de dinero, y superaba a finales de agosto el 53,5%.