El Gobierno de La Rioja no tiene armas jurídicas en su mano para resolver el contrato firmado en 2020 con Arneplant SL para el suministro de 5,5 millones de mascarillas contra el covid, que acabaron abandonadas en un almacén al resultar inservibles por no ser del tipo quirúrgico, pero sí puede emprender la vía de una reclamación de daños y perjuicios a la empresa arnedana por ese incumplimiento en la calidad del material.
Es la principal conclusión de la auditoría realizada por la consultora KPMG Abogados por encargo del Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán (PP), que optó por pedir este dictamen ante las sospechas de irregularidades en la contratación de ese lote de material sanitario, por el que se pagó a Arneplant más de 3 millones de euros, que se formalizó en plena crisis del coronavirus durante el mandato del Gobierno socialista de Concha Andreu.
El dictamen de KPMG, al que ha tenido acceso El Día de La Rioja, desaconseja a la Administración regional iniciar un trámite de resolución del contrato, porque considera que jurídicamente esta finalizado hace casi cuatro años, ya que la última partida de mascarillas se entregó el 8 de septiembre de 2020.
En ese sentido, los auditores estiman que «el contrato se ha extinguido » al haberse cumplido, dado que la empresa sí entregó las mascarillas, pero deja claro que es posible reclamar daños y perjuicios por el quebranto económico causado a las arcas públicas, habida cuenta de que se pagaron 3.080.000 euros por unas mascarillas que no pudieron distibuirse entre la población para protegerse del virus, por no cumplir con la exigencia que se fijaba en las cláusulas del contrato de que fueron quirúrgicas. Si el Gobierno de La Rioja optase por exigir esa compensación a Arneplant, podría fijar una cuantía que tuviera en cuenta gastos derivados del material inservible, como el transporte o el almacenamiento o los que tuvo que hacer el Servicio Riojano de Salud (SERIS) para suplir a esas mascarillas, como la compra de unas nuevas o la destrucción de las defectuosas.
Para ello, el Ejecutivo de Capellán deberá dar audiencia a la empresa para garantizar su derecho a ser oída. Para formalizar esa reclamación de daños y perjuicios, el Gobierno tendría un plazo de cinco años desde la última entrega de suministros, de manera que tendría hasta el 8 de septiembre de 2025 para presentarla. Arneplant suministró 5 millones de mascarillas para adultos y 500.000 de talla infantil; ninguna cumplía las exigencias para ser quirúrgicas. Más de la mitad de ellas, 2,7 millones de mascarillas, estaban a fecha 21 de marzo de 2024 almacenadas en una nave de la Comunidad autónoma en el polígono de El Sequero, en Arrúbal.
La empresa justificó 3 ensayos, insuficientes según el SERIS
La Comunidad autónoma encargó en 2020 a Arneplant 5,5 millones de mascarillas, que la empresa arnedana entregó pero que nunca sirvieron para proteger a ninguna persona contra el virus covid-19 porque no llegaron a distribuirse entre los centros sanitarios, ni tan siquiera tuvieron entrada en los almacenes del Servicio Riojano de Salud (SERIS). La razón es que la sanidad pública riojana determinó que no cumplían con los requisitos mínimos «para que el material sanitario suministrado fuera adecuado para evitar el contagio del covid-19», como recoge la auditoría de la consultora KPMG.
De acuerdo con la información facilitada por el Servicio Riojano de Salud, en la documentación entregada sobre las mascarillas constaba la realización de tres ensayos exigidos por una norma UNE que determina si cumplen como quirúrgicas (producto sanitario). Sin embargo, como no se demostró que se efectuasen el resto de pruebas que exige la norma, el SERIS no llegó a distribuirlas. La auditoría encargada por el actual Gobierno regional del Partido Popular también analiza si estuvo justificada jurídicamente la contratación de las mascarillas por el procedimiento de urgencia, a lo que no pone objeción por la grave situación pandémica, que obligó a tomar decisiones con extrema rapidez. Tampoco aprecia KPMG irregularidad en el hecho de que el contrato para el suministro de las mascarillas lo firmase el director de área de Salud en lugar en lugar del gerente.