El jueves pasado, el resultado de la votación de la reforma de la Ley del Poder Judicial fue espejo de cómo están las cosas en el mundo político. Solo votaron a favor PSOE y PP, en contra Junts y Vox, se abstuvieron Sumar, PNV y UPN, y no votaron Bildu, ERC y BNG.
Por si no acaban de situarse: el PSOE es el partido que gobierna y el PP el que ganó las elecciones pero ha quedado como principal partido de la oposición. Las relaciones entre Sánchez y Feijóo son inexistentes, hace siete meses que no se hablan, lo que nunca había ocurrido en la Historia de la democracia española. Sin embargo, protagonizan combates dialécticos muy duros todos los miércoles en las distintas sesiones de control al Gobierno. Nadie del PP ni del PSOE desaprovecha la ocasión, cualquiera, para lanzar dardos al adversario que rozan la difamación, cuando no caen abiertamente en ese delito.
Junts gobierna con el PSOE bajo el mando de Pedro Sánchez, mientras el PNV suele votar con el Gobierno. Los de Puigdemont y los de Junqueras son socios incuestionables de Moncloa, los más seguros, los que le votan sistemáticamente porque saben muy bien que a cambio cuentan con importantes beneficios para Cataluña y también para los condenados por el procés, porque Ferraz no duda en entrar de lleno en el terreno de la Justicia, y mueve hilos para conseguir que se les perdonen los delitos cometidos y sean puestos en libertad quienes cumplen penas de prisión.
Vox, adversario del PP, sin embargo, está más cerca de lo que defienden los populares que de lo que sostienen en Ferraz, aunque el argumentario de Moncloa a los suyos está plagado de frases que igualan al PP con Vox, y los ministros lo repiten con la disciplina propia de un soldado.
UPN no es socio pero apoya siempre al PP, como hacen Bildu y el BNG con los socialistas, aparte de los ya mencionados Junts y ERC. Y Podemos, enfrentado absolutamente a Sumar, suele dar su apoyo a Sánchez aunque gobierna con su enemiga mortal, Yolanda Díaz. A la que no tardaron en abandonar y crear grupo propio.
Estas votaciones del pasado jueves describen muy bien cómo está la política española. Nada se puede dar por seguro, se han roto alianzas que parecían indestructibles y se han creado otras nuevas en las que han tenido mucho que ver las relaciones personales, además de los intereses políticos. En ese clima, la noticia que se estaba esperando hacía años, y que parecía imposible de conseguir, se ha logrado: el acuerdo entre PSOE y PP, o más bien habría que decir entre Gobierno y Grupo Popular, para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Los protagonistas han sido el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, avalando un acuerdo de Estado. Sin embargo, los partidos con representación parlamentaria han decidido su voto sin tener en consideración la relevancia y las consecuencias de ese pacto que tanto ha costado firmar.
Entre los socialistas, aunque los sanchistas se encuentran unidos con absoluta lealtad al líder, se agrandan las diferencias entre ese grupo de incondicionales al presidente de Gobierno y quienes piensan que Sánchez y los suyos han llevado al PSOE por derroteros impropios de lo que siempre fue el partido, una formación socialdemócrata con líneas muy definidas sobre qué era aceptable y qué no.
Esa posición no es solo generacional, aunque destacados miembros del llamado felipismo hace tiempo que se han dejado de hipocresías y confiesan abiertamente su desacuerdo con Sánchez, sus alianzas con socios que consideran política e históricamente indeseables y las cesiones que hace el presidente. Otros, sin embargo, con cargos importantes en el felipismo -entre los que destacan Maravall, Solchaga y Solana- apoyan al secretario general del partido. Entre los más críticos con el sanchismo se encuentran Alfonso Guerra, el primero en expresar sus discrepancias con la acidez que le caracteriza, y después el propio Felipe González, aunque este ultimo confiesa, sin embargo, que a pesar de las discrepancias con la actual dirección no se siente capaz de no votar al PSOE en las elecciones. Aparte de ellos se menciona permanentemente a García Page y a Javier Lambán, pero son muchos más los que van incrementando el grupo de críticos.
Militantes y votantes socialistas no ocultan su animadversión al sanchismo y muchos de ellos piden que alguien dé el primer escopetazo de salida para intentar desbancar a Sánchez, lo que solo puede ser a través de un congreso, pues ya se ocupó él de reformar los estatutos para que no se le pueda cesar con otras fórmulas, a través del comité federal.
En el último año se han celebrado cuatro elecciones y nadie se ha movido ni un milímetro, pero Sánchez sabe perfectamente, como lo saben personas ajenas al partido, que ahora sí que se empiezan a advertir movimientos que tratan de que el PSOE pase página a lo que consideran la etapa más negra de su Historia democrática.
La salud de los pactos. En el PP no se cuestiona el liderazgo del Feijóo, pero sí hay algunas voces críticas que se expresan abiertamente contra algunas decisiones del presidente de su partido que no les convencen. Por ejemplo, el acuerdo sobre el CGPJ. Lo sabe el líder gallego y lo saben los miembros de su directiva; suelen ser militantes que no ponen malos ojos a un posible acuerdo con Vox para llegar a Moncloa, pero no lo comparte la dirección de Génova, que solo acepta ese tipo de pactos para ejecutivos regionales o municipales, con un acuerdo previo en el que se descarten puntos claramente xenófobos o poco respetuosos con las libertades individuales, que defienden algunos miembros de los de Abascal.
Vox, además, ha profundizado en cuestiones sociales muy polémicas a raíz de la aparición en escena del partido Se Acabó la Fiesta, que ha logrado tres escaños en el Parlamento Europeo. Conocen muy bien a su líder, Alvise, que utiliza las redes sociales para difundir auténticas noticias falsas y bulos, hasta el punto de que se las ha tenido que ver con denuncias y comparecencias judiciales.
Lo que podría inquietar más a Sánchez es la situación que se vive en Sumar, donde se han cumplido los pronósticos de los que le alertaban sobre Yolanda Díaz. No habían pasado más que unas semanas desde que se creó este partido, con gran alarde publicitario, cuando se iniciaron las deserciones. Tantas, que hoy Sumar prácticamente se ha reducido a Díaz y sus colaboradores.
Podemos fue el primero en abandonar, Compromis no lo ha hecho pero se comporta como si ya no formara parte del conglomerado; y lo mismo puede decirse de Los Comunes. Y de Más País. Con Errejón y Mónica García como principales figuras, que marcan distancias abiertamente con Sumar y su lideresa. Siempre le quedaría a Sánchez la posibilidad de renegociar con Podemos si le hiciera falta, pero después de mirar hacia otro lado cuando Díaz empezó con el desmantelamiento del partido y se negó a incluir a Irene Montero en las listas al Congreso y al Parlamento Europeo, donde logró escaño con sus propias siglas, es difícil que el partido morado de Montero, Belarra y Pablo Iglesias esté dispuesto a volver a un Gobierno de Sánchez y apoyar sus iniciativas sin poner un precio muy alto a ese retorno.
La situación de los partidos españoles no está como para tirar cohetes. Y cuando los dos principales, PSOE y PP, logran un acuerdo de Estado, en lugar de recibir la noticia con satisfacción, saltan chispas. Se visualizó el pasado jueves en la votación del Congreso: las alianzas gozan de muy mala salud. Pésima.