Si hay amnistía, perdón de deudas, traspaso de competencias estratégicas, investidura y Gobierno --la última palabra la tiene Puigdemont, no Sánchez-- se empezará a cerrar el circuito del poder y la deconstrucción y vaciamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Parlamento, con la excepción del Senado que no puede hacer casi nada salvo retrasar semanas o meses lo que decida el Congreso, está sometido y suplantado por el Gobierno, practica una mala técnica legislativa como se ha demostrado con la ley del sólo sí es sí, sigue cerrado dos meses después de constituirse, sitúa como letrado mayor a un funcionario de confianza política y evita mediante procedimientos de urgencia, entre ellos el abuso del decreto ley, el debate de las leyes por trascendentes que sean y que las informen los organismos competentes; la Fiscalía depende del Gobierno, como ya se encargó de aclarar Pedro Sánchez; el Tribunal Constitucional funciona como un disciplinado órgano político, en el mal sentido, y no dará sorpresas al presidente como se ha demostrado en los últimos meses; el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado por el desacuerdo entre PSOE y PP y por una decisión del anterior Gobierno; el CIS seguirá bajo la batuta de Tezanos sirviendo intereses de partido; el Consejo de Estado ha pasado a ser un órgano ignorado, como los Consejos de Transparencia y Buen Gobierno y otros similares; y las Conferencias sectoriales de presidentes de las Comunidades Autónomas no pintan nada porque ahora el PP tiene mayoría y ya no interesa la "cogobernanza". Sin contrapesos institucionales y transparencia, la democracia se convierte en una ficción.

Las puertas giratorias han seguido funcionando para colocar políticos en lugares estratégicos y ahora se anuncia una ofensiva en ese terreno mediante la intervención de la SEPI en empresas multinacionales como Telefónica, como antes en Indra. El día que Sánchez deje el poder, sus tentáculos estarán firmes en todos los lugares decisivos.

Para rematar la faena, sólo falta un objetivo sobre el que el Gobierno y sus socios vienen trabajando desde hace años y que sólo se ha frenado por las amenazas de la Unión Europea: el control de la justicia y de los jueces. Cerrado el pacto de gobierno, una de las primeras operaciones será cambiar el procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de forma que 12 vocales sean elegidos por mayoría reforzada en primera votación --para lo que se necesita el apoyo del PP-- y mayoría simple en segunda votación. Colocados los doce magistrados elegidos por los miembros del pacto Frankenstein, garantizada la mayoría "progresista" y modificado también el sistema de elección del presidente, que no está constitucionalizado, habrá que nombrar el aluvión de cargos que están vacantes en el Supremo, ya cerca del centenar, y en otros órganos de máxima importancia, previsiblemente con un marcado matiz de "cercanía" a los intereses de un partido. Y eso no es sólo un grave riesgo de seguridad jurídica sino que blindará a esos jueces, y los nombramientos que ellos hagan, en todos los puestos de poder durante años y garantizará una justicia a medida para los intereses de Pedro Sánchez y sus socios. Y, además, éstos volverán a pedir, y Sánchez no está en condiciones de negar nada, la constitución de Consejos Autonómicos del Poder Judicial en Cataluña y el País Vasco, como última instancia judicial, desarbolando así el papel del Tribunal Supremo. Lo que está en juego no es un Gobierno sino las reglas de nuestra democracia y de nuestra convivencia.