Existían sospechas de que alguien merodeaba en los alrededores de la residencia Iregua de Logroño con el objetivo de captar menores de edad para explotación sexual. A principios de 2022 eran tan solo sospechas que ya expresó un cargo del Gobierno regional en aquel momento y en las que se ratificó el pasado viernes. Al margen ahora de toda responsabilidad política, opta por mantenerse en el más absoluto anonimato.
Todo ello fue adquiriendo forma a mediados de ese 2022 cuando una trabajadora vinculada a Servicios Sociales trasladaba esas sospechas a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Tras las primeras diligencias, el asunto se derivó a un Juzgado de Logroño, donde permanece abierto.
Pablo Rubio ostentaba la responsabilidad de la consejería que gestionaba los Servicios Sociales de la Comunidad entre los años 2019 y 2023. Preguntado el pasado viernes por El Día de La Rioja, el exconsejero apeló, por un lado, a las lógicas cuestiones de confidencialidad que rodean los temas vinculados a menores de edad, pero también aseguraba que «no tenía conocimiento de estos hechos concretos». Y, por su parte, María Martín, actual consejera del área de Salud y Políticas Sociales, se limitó a decir también el pasado viernes, precisamente, que «no hay nada que decir, cuando los procesos están judicializados hay que dejar que tanto los investigadores como los juzgados cumplan su misión y su trabajo, cualquier cosa que no sea seguir ese proceso es interferir en algo que no debemos».
Presuntamente, el merodeador, del que solo ha trascendido que podría ser de origen latino, observaba y se acercaba a las menores, incluso alguna de muy corta edad, cuando salían de la residencia Iregua. Tras coger confianza, supuestamente les prometía droga y dinero a cambio de relaciones sexuales con clientes que él mismo les facilitaba. Todo ello a la espera de que la Justicia, aunque vaya para largo, se pronuncie.
goteo de casos. Durante esos años, hubo un goteo constante de casos similares que se denunciaban en distintas comunidades hasta el punto que el Gobierno de España reunión a los responsables de Servicios Sociales autonómicos para instarles a elaborar planes de protección ante abusos sexuales en centros tutelados. La Rioja cogió el testigo y en febrero de 2022, unos meses antes de la denuncia ante la Jefatura de Policía, presentó el Protocolo de Choque Sobre la Violencia Sexual a Menores Tutelados. Y unos meses después, en septiembre de 2022, la residencia Iregua cerraba definitivamente sus puertas para dar paso a un acogimiento más familiar a través de pisos de ocho plazas. El propio Pablo Rubio que la clausura de la residencia «no fue por este tipo de casos» sino por una apuesta más familiar.
En cualquier caso, hay varias menores (no ha trascendido el número) que residían en elcentro ubicada en Vara de Rey que han declarado que fueron prostituidas. Todas ellas apuntan al mismo merodeador que supuestamente les proporcionaba droga y dinero siempre que cumplieran con las exigencias de carácter sexual. Se le acusa de un delito de prostitución de menores sobre unas víctimas que estaban a cargo de los Servicios Sociales de la Comunidad. Unos hechos, según las fuentes consultadas por El Día de La Rioja, que se sucedieron entre los años 2015 y 2022.
«La explotación de menores tutaledas es una realidad»
La preocupación del Gobierno de España, que trasladó a las comunidades autónomas tras el goteo de casos en diferentes centros tutelados del país, apuntaba a la existencia de mafias dedicadas a captar menores en este tipo de centros. Alertaba la Administración del Estado en ese momento, que estas redes criminales, por brutal que parezca, consideraban más sencillo captar a menores tuteladas especialmente vulnerables, que arriesgarse a trasladar a mujeres de otros países con el objetivo de ponerlas al servicio de la prostitución. No ha trascendido tampoco si el acusado de captar a menores de la residencia Iregua podría pertenecer o no a alguna de estas mafias o si, por el contrario, actuaba por cuenta propia.
También en 2022, el equipo GReVIA de la Universidad de Barcelona publicó estudio sobre los riesgos de las menores tuteladas. El informe, entre otras muchas afirmaciones, concluyó que «La explotación sexual de menores tuteladas es una realidad en España y en el resto de Europa», al tiempo que extendía un mensaje de alarma. Durante el desarrollo del estudio, el equipo GReVIA, solicitó información a todas las comunidades autónomas. Solo respondieron tres y La Rioja no figura entre ellas.