El desarrollo de la mediación en los centros, para resolver conflictos educativos, y el refuerzo de la autoridad del profesor, son dos de los principios del anteproyecto de decreto de Convivencia que elabora la Consejería de Educación.
El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha dado a conocer este lunes las líneas generales del anteproyecto, que en breve será remitido al Consejo Consultivo y al Consejo Escolar, para recibir aportaciones de toda la comunidad educativa, con la previsión de que entre en vigor el curso próximo, informa Efe.
Galiana, que ha estado acompañado del viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, y por el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha incidido en que este texto "no hace tabla rasa" del anterior, sino que "se recogen aspectos positivos del anterior documento y se trata de revertir el desconcierto que habían producido otros puntos".
El consejero ha incidido en las "quejas" recibidas desde la comunidad educativa respecto al anterior decreto, que se han tratado de solucionar con diferente medidas antes de elaborar el decreto "que recoge el sentir en los centros", ha recalcado.
Galiana ha destacado el papel de la mediación en los conflictos dentro de los centros "lo que refuerza su papel socializador" a la par que se da más autoridad al profesorado.
Además se busca "un equilibrio" entre el diálogo y las medidas socioeducativas, por un lado, y la autoridad del profesorado, "que había sido menoscabada", y las medidas disuasorias, "que son el último recurso", pero que "deben existir para evitar sensación de impunidad en algunos alumnos que no han logrado una maduración suficiente".
Proceso abierto todavía
El consejero ha precisado, no obstante, que el texto, dentro del proceso de redacción en el que se encuentra "es algo abierto, porque queremos que perdure en el tiempo".
También ha destacado que el decreto ofrece una relación de los derechos y deberes para alumnos, profesores y familias, algo que supone una novedad dado que hasta ahora la presencia de los familiares no estaba desarrollada "y creemos que es ineludible que participe en las convivencia en los centros".
Martín ha incidido en que la normativa actual "presentaba una serie de debilidades, indefiniciones y limitaciones en cuanto a las medidas correctoras" que en algunos casos "provocaban un efecto contrario al que buscaban por falta de cobertura legal".
"Ahora se plantea es un modelo basado en la responsabilidad compartida. Toda la comunidad es agente de convivencia", ha afirmado el director general, que ha incidido en que "se va a favorecer la gestión pacífica de los conflictos, la reparación de daños y la reconciliación de las personas".
Un mediador independiente y aceptado
Para ello se potencia la mediación "de alguien independiente a las partes en conflicto, pero que sea aceptado por las dos partes, en busca de un especie de pacto para que quien ha incurrido en una conducta inadecuada pueda reconocer y reparar ese daño".
No obstante "la mediación no es incompatible con medidas disuasorias en ultima instancia", ha añadido el consejero, que cree que este decreto busca "un punto intermedio entre un modelo restaurativo que podía acabar en buenismo, y otro sancionador".
El decreto, que debe ser desarrollado en el reglamento de cada centro, tipifica, no obstante, conductas graves que pueden deparar la expulsión del centro "como último recurso" con situaciones de acoso, gravación de agresiones o causar perjuicios de salud, entre otras.
El anteproyecto de decreto tiene 69 artículos, además de diferentes disposiciones y se desarrolla en cinco títulos diferentes, en los que, entre otras cuestiones, se realiza una reformulación del Observatorio Autonómico de la Convivencia, que pasará a ser un grupo de trabajo para apoyo en buenas prácticas en materia de convivencia.
En otros puntos, ha precisado el viceconsejero, se recoge la presunción de veracidad de los profesores en el ejercicio de sus funciones e incluso su derecho a defensa jurídica en procedimientos relacionados con su trabajo.