El 24 de mayo de 2022 la responsable de la Sección de Acogimiento Residencial de la entonces consejería que comandaba Pablo Rubio informa a la Policía Nacional de «la relación de menores bajo tutela de los Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja con un presunto delito de prostitución de menores señalando como autor a un varón». La denuncia dio pie a la apertura por parte de la Jefatura Superior de Policía de la denominada Operación Majestad. Un operativo que se saldó con la detención de un hombre de origen latino que fue investigado, prestó declaración y fue puesto en libertad con cargos. En todo momento aludió a su inocencia. También se puso localizar a cuatro víctimas. Todas ellas menores de edad y todas ellas tuteladas por la Comunidad autónoma en la residencia Iregua de Logroño, cerrada en septiembre de ese mismo año.

En sus declaraciones iniciales, las cuatro señalaron que habían sido engañadas con el objetivo de prostituirlas a cambio del suministro de droga y dinero, en concreto, con parte de las cantidades abonadas por los servicios sexuales que el acusado presuntamente les facilitaba. Unos encuentros sexuales que se producían en un piso de la calle Padre Claret de la capital riojana si bien, en ocasiones, les trasladaba a Calahorra y a la localidad navarra de Viana. 

Es parte de la declaración esgrimida ante la Policía y que ha sido ratificada en el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño, donde permanece el caso, por parte de dos de ellas a las que se aplica el estatus de testigos protegidas.

Las mismas dos han acudido ya a sede judicial con el objetivo de ratificar que eran menores de edad en el momento en que se desarrollaron los hechos. Ahora bien, el Juzgado ha citado a las otras dos el próximo mes de marzo con el objetivo de ratificar igualmente su edad.  Las fuentes consultadas por El Día de La Rioja, apuntan a que los hechos denunciados pudieron sucederse entre finales de 2015 e inicios de 2016 hasta el momento de interponer la denuncia en Policía Nacional. De hecho, consta, sin que haya trascendido, alusiones a un informe redactado al respecto por Servicios Sociales.

Negación de Pablo Rubio. El acusado, supuestamente, merodeaba por los exteriores del centro de protección de menores abierto hasta septiembre de 2022 en la calle Vara de Rey de la capital riojana con el objetivo de ir ganándose la confianza de las menores. Les proponía, tal y como consta en las diferentes declaraciones de las testigos protegidas, el suministro de droga y dinero a cambio de los citados encuentros sexuales que él mismo les facilitaba tanto en el piso de Padre Claret como en otras localidades riojanas y navarras si se daba la ocasión de traslados. 

Todo ello permanece en el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño a la espera de la declaración de dos de las menores cursada para el mes de marzo y después de la denuncia interpuesta por Servicios Sociales. Sorprende en este sentido que preguntado la pasada semana por este caso, el exconsejero Pablo Rubio asegurara en repetidas ocasiones desconocer unos hechos trasladados a Policía por una profesional adscrita al Servicio de Protección de Menores de su entonces área de Gobierno.

Es más, en el transcurso de la investigación iniciada por la Unidad de Familia y Menor (UFAM) declararon varias personas vinculadas a Servicios Sociales y a la propia residencia Iregua. Incluso el máximo responsable de la Fundación Diagrama, entidad que gestionaba entonces el centro, aseguró a este periódico desconocer los hechos además de poner en duda la veracidad de los mismos. 

Al menos siete niñas amparadas por La Rioja han padecido situaciones de prostitución

El caso que sigue el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño y que sitúa a cuatro menores de edad tuteladas en la residencia Iregua de forma previa a su cierre como víctimas de un delito de prostitución por parte de «un varón» no es el único que ha ensombrecido los Servicios Sociales de la Comunidad. Allá por el año 2020, un Juzgado de la capital riojana ordenó investigar la situación de dos niñas desamparadas que permanecían bajo la tutela de Servicios Sociales. Ambas residían en pisos de acogida y no en Iregua.

La investigación determinó que las dos menores ejercían la prostitución en Calahorra. Es más, fruto del citado operativo policial, los agentes pudieron destapar que otra menor no tutelada había sido prostituida e incluso retenida ilegalmente durante quince días, también en la ciudad riojabajeña. Un operativo del que informó la propia Jefatura Superior de Policía en marzo de 2020.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que no se trata de las mismas menores tuteladas. Y a estos dos casos, se suma otro ya juzgado hace aproximadamente dos años en el que se absolvió a un hombre tras haber mantenido un encuentro sexual con una menor tutelada también en un piso de acogida. Durante el procedimiento legal, señaló que los puso en contacto un ciudadano de Europa del este que aseguraba disponer de más chicas. Nada se supo de él.

Son, al menos, siete casos de menores tuteladas por los Servicios Sociales de la Comunidad autónoma riojana los que han trascendido desde el operativo de 2020.

¿vínculos? Por otro lado, no se ha podido confirmar si la Operación Majestad, desarrollada a partir de la denuncia interpuesta el 24 de mayo de 2022 por parte de Servicios Sociales, mantiene algún tipo de vínculo con el operativo desarrollado en marzo de 2020 por la Policía Nacional. En ambos casos, figura Calahorra como uno de los lamentables escenarios de los hechos y en ambos casos, los acusados, tanto en su día, como el de 2022, son de origen latino.

Ahora bien, el primero se ha llevado en los Juzgados de La Rioja Baja, y el que permanece en instrucción actualmente se sigue en un Juzgado de Logroño.

En el expediente del caso de las menores tuteladas en la residencia Iregua de la capital riojana constan, según ha podido saber El Día de La Rioja, intercambios de mensajes en los que se pregunta por precios y servicios además de alguno de los anuncios que en su día se publicaron en la polémica plataforma www.pasion.com, que ya fue clausurada por diferentes problemas con la Justicia, incluso alguno de ellos en el ámbito de la Comunidad autónoma. Y como suele ser habitual en casos con menores vinculados, el supuesto merodeador del centro de protección de menores de Logroño hacía uso también de la red social Instagram para contactar y ganarse la confianza de las menores tuteladas. 

Por otro lado, el pasado jueves, en el marco del programa debate Punto de Encuentro de La 7 de La Rioja, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, reclamó la apertura de una comisión de investigación en la Cámara regional con el objetivo de profundizar y aclarar lo sucedido ante unos hechos que han supuesto un continuo goteo de casos a lo largo y ancho de la geografía española. Una iniciativa que no vieron con malos ojos las parlamentarias regionales de PSOE e IU.