La polémica ley de aministía sumó ayer un nuevo y controvertido capítulo tras conocerse el acuerdo entre Junts y el PSOE. Y es que incluiría los supuestos casos de lawfare o judicialización de la política, entre los que se contarían los del abogado Gonzalo Boye; la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el clan Pujol. Además, en la práctica, implicaría  someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales.

El pacto vuelve a situar el origen del «conflicto» en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló varios artículos del Estatut de Cataluña y, a partir de ahí, hace un relato de hechos -del 9-N al 1-O- que propiciaron «múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas» y que «han tenido una incidencia política relevante».

Justifican la ley de amnistía en la necesidad de «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Y precisan que, para ello, «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». Aunque no detallan quiénes, sí avanzan que durante la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación cuyas conclusiones se tendrán en cuenta «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare, puediendo dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». 

El abogado Gonzalo Boye

Respecto a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, la Audiencia Nacional confirmó en noviembre de 2022 enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la operación Mito, en la que también están procesados el narcotraficante gallego Sito Miñanco y otras 47 personas.

La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Miñanco en el aeropuerto de Barajas. La Fiscalía pide que sea condenado a nueve años de cárcel.

Así, Boye se sentará en el banquillo de los acusados si la ley de amnistía no lo evita, por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero incautado.

Laura Borràs

La condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también entraría en la ecuación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la condenó el pasado marzo a cuatro años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

El propio TSJC, sin embargo, propuso un indulto parcial que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. 

La condena a la política aún no es firme, toda vez que su defensa anunció que presentaría recurso ante el Tribunal Supremo.

Familia Pujol

El marco temporal al que se circunscribe la ley de amnistía -de 2012 a 2023- alcanzaría la causa del que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos. La familia está a la espera de juicio por formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido».

Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su primogénito. Para el resto del clan las penas van de los 14 a los ocho años.

Buch y el escolta

El acuerdo beneficiaría al exconseller Miquel Buch, que el pasado septiembre fue condenado por malversación y prevaricación a cuatro años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.