No por ser esperado el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts ha convulsionado menos a la sociedad y a la política española. De hecho, los episodios de incertidumbre con los que se han despachado estos partidos los días de atrás confirman el juego que se intuía y que, tristemente, ha situado al independentismo en una posición de fuerza inconcebible en un estado democrático donde las libertades, la separación de poderes y la igualdad entre ciudadanos comienza a ponerse en entredicho a pasos agigantados. Prueba de ello es el aplauso que ha recibido el acuerdo por el soberanismo catalán, que desde una posición dogmática se trata de apropiar de la democracia como ellos quieren entenderla, pero también por quienes están deseando seguir agarrados a un gobierno a costa de lo que sea, dando la espalda a una realidad preocupante que resquebraja pilares democráticos esenciales.
Se ha culminado un acuerdo en el que se ha puesto de manifiesto lo que tantas veces se ha repetido estas últimas semanas: el elevado precio de siete votos para una investidura. Más aún de lo que se podía prever.
Después de conocer los detalles, han salido en tromba diferentes colectivos, como los inspectores de Hacienda, que ya han puesto sobre la mesa el riesgo real, como la ruptura de la igualdad, promocionando que algunas comunidades autónomas sean de primera y otras de segunda, con la promesa de la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña, lo que acabaría con la solidaridad entre regiones. También todas las asociaciones de jueces, de forma unánime, alertan de que este pacto «quiebra» la separación de poderes al someter a la revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. Un gesto más propio de otra fórmula de Estado que de una democracia plena.
El pacto de los socialistas con los independentistas ha agitado las estructuras básicas de la organización estatal como jamás antes se había conocido, llevando hasta la Comisión Europea inquietud y preocupación, como se desprende de la carta del comisario de Justicia que remitió hace unos días.
La amnistía que han pactado, y que habrá que ver si llega a puerto, porque son infinitas las trabas legales para su culminación, no es propia de un país que quiere seguir confiando en sí mismo como estructura de nación unida. En los últimos tiempos se han consentido demasiados desprecios a la Constitución que es la norma básica sobre la que ha de pivotar la convivencia y el entendimiento. Es hora de frenar esta amenaza.
Y no menos importante, esta época de inestabilidad está haciendo crecer la crispación social, como se vio en la movilización de anoche frente a Ferraz, y está alentando episodios violentos de dudoso y preocupante final. Y, para colmo, el independentismo, mientras, no deja de intimidar.