El pasado 28 de febrero se cumplía un año desde que entraba en vigor la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por la que se modificaba la anterior vigente del 2010. Entre sus principales objetivos se encuentra asegurar que se concede esta prestación en los centros sanitarios públicos de la propia región y evitar así el desplazamiento a otras comunidades para acceder al servicio. Sin embargo, un año después de su modificación, varios territorios autonómicos todavía incumplen la ley.

La nueva ley de aborto recogía también la obligación de las comunidades autónomas de crear un registro de objetores de conciencia con el objetivo de que los centros sanitarios públicos se organicen de manera que siempre sea posible realizar la prestación del aborto. Sin embargo, todavía existen territorios que no han creado estos registros, y muchos de los que lo han hecho siguen derivando a las pacientes a clínicas privadas fuera de la comunidad.

Es este el caso de La Rioja, dónde tan solo se realizan interrupciones del embarazo en el hospital San Pedro. En la comunidad, 23 de los 26 facultativos especialistas en ginecología son objetores, lo que significa que únicamente tres médicos están realizando abortos en una comunidad donde viven más de 160.000 mujeres, según los datos facilitados por transparencia del Servicio Riojano de Salud a Newtral. 

En cuanto a los no objetores, apenas tres, no lo son únicamente para el método farmacológico, es decir, sí que objetan en conciencia a realizar abortos voluntarios que requieran el método quirúrgico.

De esta manera, las mujeres de La Rioja que requieran una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) quirúrgica, en lugar de farmacológica, son derivadas a una clínica privada de Navarra, pese a que la nueva ley de aborto de 2023 pretende evitar que las mujeres tengan que desplazarse fuera de su comunidad para poder abortar.

«La negativa, motivada en conciencia, del profesional sanitario, a prestar su colaboración o realizar una intervención a la que está por norma obligado», así define la Asociación Española de Derecho Sanitario la objeción de conciencia para el personal médico. Este derecho ya lo recogía la anterior Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2010, en la que se entendía como «directamente» implicado en la interrupción voluntaria del embarazo, y la razón fundamental con la que La Rioja se respalda para no realizar interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro sanitario clínico o privado. 

La nueva ley también reconoce este derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que nos encontramos ante una reforma que garantiza «a todas las mujeres igual acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan, (…) en centros de la red sanitaria pública», pero que también reconoce la objeción de conciencia del personal sanitario, eso sí, asegurando «en todo momento que el ejercicio individual de la objeción de conciencia no afecta a la calidad asistencial». 

En este sentido, la ley establece que «los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo».

En La Rioja, de las interrupciones realizadas entre marzo y diciembre del 2023, el 78,8% fueron a través del sistema público de salud mediante el método farmacológico. Sin embargo, para los abortos quirúrgicos, los cuales representan el 19,5% de los casos, las riojanas siguen siendo derivadas fuera de la región, aunque que hace unos meses el Tribunal Constitucional sentenciara que derivar a una mujer a otra comunidad para abortar vulnera sus derechos fundamentales.

Sin avances. Desde la consejería de Salud del Gobierno de La Rioja confirman que las interrupciones voluntarias de embarazo hasta la novena semana sí que se realizan en la comunidad, concretamente en el Centro de atención sexual y reproductiva de La Rioja 'La Casita', a través del método farmacológico.

En cuanto a las quirúrgicas, también se llevan a cabo en el San Pedro las interrupciones de embarazo por graves riesgos para la salud de la embarazada y anomalías para el  feto. Sin embargo, aquellas interrupciones de embarazo voluntarias que requieran del método quirúrgico y que se den después de la novena semana, se deriva fuera.

El anterior Gobierno de La Rioja se comprometía hace un año a asumir hasta el 80% de las intervenciones con personal propio del servicio riojano de salud y el 20% restante con profesionales de otras comunidades autónomas. 

Sin embargo, según asegura el actual Gobierno de La Rioja, esas contrataciones no llegaron a consolidarse, por lo que no se produjo la llegada de profesionales externos para realizar el procedimiento.

 Sobre si el actual gobierno trabaja en esa idea, no hay respuesta, a pesar de los intentos de este periódico por obtener explicación. 

Tampoco las hay sobre por qué un año después siguen derivándose a estas pacientes fuera a pesar de la entrada en vigor de una ley que obliga a garantizar la prestación dentro del territorio, aunque reiteran «como no puede ser de otro modo, respetamos los derechos de usuarios y profesionales».