Desde una posición ajena a la administración pública, el proceso resuelto el pasado 23 de julio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo resuena a algo más profundo que una mera sanción a una profesora de la Universidad de La Rioja (UR) que faltó a la Comisión Juzgadora de la plaza número 50, en la que ejercía de secretaria. Tras nada menos que 1.659 páginas redactadas para justificar la imposición de una sanción, la docente decidió acudir a los tribunales de Justicia donde recurrió la resolución del rectorado fechada el 23 de junio de 2023 y por la que se le imponía a la profesora un apercibimiento por la comisión de una infracción leve.
Hace tan solo unos días, el Juzgado de los Contencioso Admistrativo resolvió estimar el recurso de la docente y anular así la Resolución del rectorado «dejando la sanción sin valor y efecto». Ahora bien, cabe recurso de apelación.
Los hechos que han dado pie a este entramado administrativo y judicial se remontan a junio de 2022 y el nexo que desencadena la batalla se encuentra en un correo electrónico en el que se detallaba la citación para asistir a la citada Comisión Juzgadora de la plaza número 50. El informe del rectorado argumenta que la docente tenía la orden expresa del director del departamento de Ingeniería Mecánica de consultar el correo electrónico. La representación legal de la profesora señala por su parte que no existe tal probatorio y que su defendida consultó tarde su email y que además éste no llegó con la antelación que marca la normativa de los fucionarios públicos en este sentido.
Fue el propio director de Ingeniería Mecánica el que, a fecha 18 de julio de 2022, trasladó una denuncia basada en «las incidencias» en el seno de la Comisión. El 11 de octubre de ese mismo año, la instructora de las diligencias proponía la incoación de un expediente disciplinario por «la ausencia injustificada» a la Comisión Juzgadora. Sin embargo, el Rector fue más allá y extendió las ausencias de la profesora a los días 27, 28, 29 y 30 de junio y 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de julio «en un eventual incumplimiento de la jornada de trabajo». Finalmente. solo se propuso apercibimiento por la ausencia a la Comisión.
La docente, por su parte, trasladó en su defensa el correo electrónico en cuestión fechado el 27 de junio a las 10.32 horas en el que se convocaba la Comisión para el 28 de junio a las 9.15 horas. Una comunicación que la docente leyó en la tarde del 27, momento en el que trasladó al Vicerrectorado la forma de actuar para una convocatoria «sin planificación y que coincide con otra actividad docente».
Todo ello ha generado más de 1.650 páginas de expediente, que, de momento, quedan en saco roto, y que la Justicia ponga a rodar su mecanismo, con representación legal del rectorado a cargo de los servicios jurídicos de la CAR.