Recién concluida una caótica Cumbre del Clima, la COP 29, y en un contexto específico donde la lucha contra el cambio climático aparece como herramienta de gestión de desarrollo humano sostenible -el viernes se cumplió un mes de la DANA que asoló Valencia-, la eficiencia energética en los edificios se confirma también como una prioridad para la que la Unión Europea marcó hace más de una década una batería de directrices.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, España cuenta con más de 25 millones de viviendas, que representan el 30% del consumo, con uno de los mayores parques de edificios obsoletos energéticamente.
La Sociedad de Tasación ha realizado el estudio La sostenibilidad en el parque de viviendas de España 2024, que confirma el gran trabajo que España y La Rioja tienen por delante para, al menos, cumplir la obligación impuesta por la Comisión Europea de que todas las viviendas de los estados miembro obtengan un certificado de eficiencia energética D en 2033, una calificación de la que carece la mayoría de inmuebles.
De acuerdo con este estudio, de las 25,8 millones de viviendas de nuestro país, 16,34 millones están en edificio y las restantes 9,5 son de tipo unifamiliar, y de estas tan solo el 10% cuentan con una calificación energética eficiente, 2,56 millones.
Teniendo en cuenta que todas las viviendas europeas han de contar con la calificación A, de 0 emisiones, en 2050, La Rioja presenta datos ligeramente más optimistas y, según informe de la Sociedad de Tasación, son el 11,6%, esto es, 24.039 viviendas sobre un parque total de 207.357 las que son energéticamente eficientes.
El informe concluye que Toledo es la provincia española con mayor porcentaje de viviendas verdes sobre su parque total (21,3%), por delante de Zaragoza (19,8%) y Teruel (17,1%);en el lado opuesto, Las Palmas de Gran Canaria es la provincia española con menor porcentaje (3,9%), en una posición similar se sitúa Santa Cruz de Tenerife, algo mejor que Castellón (6,5%) y Tarragona (6,9).
Alejandro González, director General en ST Analytics, atribuye una parte importante de esta importante carencia al envejecimiento del parque español, en el que la mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1980; mientras que en el caso de las promovidas desde 2015, el porcentaje se eleva al 75%.
La rehabilitación. Estas cifras convierten a la rehabilitación en una pieza fundamental del puzle, una matera que, en opinión de los constructores, está enredada en una legislación obsoleta.
José Ramón Liébana, secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), recuerda que la rehabilitación debe ajustarse a Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), que data de 2006; y al Plan General de Logroño, de 1985, ambas muy anteriores al reglamento medioambiental de la Unión Europea, publicado en diciembre de 2013.
«Hay que actualizar ambas normativas» exige el representante de los constructores, que apunta la necesidad de contar con una ordenanza específicas para el casco antiguo y otras zonas de Logroño, desde Avenida de la Paz a Madre de Dios y en la rotonda de Las Palmeras y Gonzalo de Berceo, con viviendas «de más de 50 o 60 años», que necesitan «la rehabilitación como el comer, porque son «absolutamente ineficientes».
Liébana apunta que sería «suficiente» con que las normas regionales sean acordes a la nacional, la vigente Ley del Suelo y Rehabilitación, de 2015, y la reciente publicación de una batería de directivas que regula los objetivos de eficiencia energética de la construcción de edificios de consumo casi nulo.
«Con que se nos permitiera hacer lo que dice la legislación nacional podríamos avanza en la rehabilitación», argumenta el representante de la asociación de la FER, que constata la necesidad de introducir nuevos métodos de aerotermia o geotermia, u otra serie de actuaciones que requieren una normativa «ya que no lo fomente, pero al menos que lo permita». De igual manera, apela a la sensibilización ciudadana para que sea consciente de los beneficios de la rehabilitación de un edificio para su vivienda y su bolsillo.