En un estudio, publicado hace unos meses, la Asociación de directores y gerentes en servicios sociales estimó que el déficit de plazas en residencia de dependientes severos o grandes dependientes es, al menos, de 30.000. Según el documento, en los dos años posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, las plazas residenciales aumentaron en 9.541 unidades, pero la población mayor de 65 años en ese mismo periodo lo hizo en 380.265 personas.

Saturnino Álvarez, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), denuncia también que es esta una de las principales carencias del sistema riojano de dependencia:la falta de plazas. Según la  Dirección general de Dependencia, discapacidad y mayores, son 3.017 las plazas existentes en La Rioja, de las que las que 2.001 son públicas o concertadas y las privadas alcanza una cifra similar, 1.916. 

«Hay un gran falta de plazas públicas, porque privadas las hay, pero son carísimas», argumenta Álvarez, que asegura que son unidades de muy difícil acceso para la gran mayoría de dependientes,

De igual manera, recuerda su protesta recurrente sobre la demora en la valoración de la dependencia, «se tarda mucho» y eso que, reconoce, La Rioja funciona «algo mejor», aunque reitera que «las valoraciones deberían hacerse antes» y resalta -como pone de manifiesto el informe de los profesionales de servicios sociales- que hay  personas que fallecen antes de que se les realice la valoración.  «Otra cosa es que luego haya plazas o no; de nada sirve si se realiza una valoración y después no se puede atender a los dependientes», apunta el  presidente de la asociación de mayores, que considera que esta escasez de plazas se extiende también a los centros de día, que ofrecen 555.

«La ley de Dependencia ha sido una gran norma, pero mal desarrollada porque siempre ha estado carente de recursos», razona el presidente de la UDP, que reconoce que se están habilitando nuevas plazas en La Rioja «peso son necesarias más».