El 30 de noviembre de 2006, una amplia mayoría del Congreso de los Diputados -con la excepción de las formaciones nacionalistas CiU, EA y PNV, que consideraban que invadía sus competencias-, aprobaban la Ley de Dependencia, una iniciativa que el entonces ministro de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el socialista Jesús Caldera, calificó como irreversible «revolución social». El 15 de noviembre el BOE publicaba la Ley de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal, que pretendía garantizar el derecho de todos los españoles que no pueden valerse por si mismos a recibir la atención y la ayuda necesaria.
Hoy, 18 años después, ha supuesto un avance innegable en el sistema español de servicios sociales y, a pesar de tratarse de una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar. Así lo entiende la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales de España que en su informe anual, publicado ayer, argumenta que los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, hacen un sistema low cost, poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia.
En el documento, en el que se realiza un repaso del desarrollo de la ley en estos 18 años, el sistema riojano no queda mal parado, aunque, según la asociación, han sido cerca de 3.000 vecinos de esta comunidad, un total de 2.980, los que han fallecido en este periodo en listas de espera de la dependencia, un 0,8% del total en el país, donde sido 388.932 enfermos. Cierto es que el porcentaje de fallecidos es consecuente con el volumen demográfico de la región, aunque Navarra -682.000 habitantes, frente a los 325.000 de La Rioja-, ha contabilizado una menor cifra de fallecidos en listas de espera, 2.080.
No obstante, el sistema riojano ha estado, en general, ágil en el reconocimiento del grado porque solo 40 personas han fallecido desde el 1 enero de 2007 hasta el 30 noviembre de 2024 sin obtenerlo, mientras que han sido 2.040 los que aguardaban recibir la prestación cuando murieron. En el caso de Navarra, 252 estaban pendientes del grado. La demora en el reconocimiento de la dependencia es una de las principales críticas que ha recibido el sistema a lo largo de sus 18 años de funcionamiento y el informa vaticina que es previsible que 2024 se sitúe (junto con los años de la pandemia 2019 y 2020) en uno de los ejercicios con más personas esperando y alcance 291.649, un 13,4% de media en España, con un resultado muy desigual entre territorios. La Rioja presenta un comportamiento moderadamente satisfactorio y son el 8,36% los pacientes en lista de espera, con cuatro comunidades con mejores datos, destacando Navarra, con el 2,24%, aunque a gran distancia del casi el 42% de Andalucía.
Un escenario similar se presenta en cuanto el periodo medio de espera, desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelven todos los trámites que, por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses, un horizonte que solo alcanzan dos comunidades, Castilla y León (126) y País Vasco (128), además de los 57 días de Ceuta. En La Rioja son 206 días, muy cerca de los 203 de Navarra y los 198 de Aragón, pero con unos datos mejores que la media del país, 330 días, y significativamente más satisfactorios que los 618 días de Andalucía y los 574 de Canarias.
La tercera en cuantía. La estimación del Observatorio para el coste global del sistema para el año 2024 asciende a 11.073
millones de euros (0,8% del PIB), de los que 10.830 millones serían para el pago directo de prestaciones y servicios, y 691 millones (6%) para gastos de gestión. Se financia de manera tripartita por las comunidades autónomas, la administración general del Estado y los propios usuarios a través del copago; este año, se estima que el 60,5% del coste lo aporten las autonomías y el 39,5% el Gobierno central.
Los cálculos de la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales de España apuntan que el gasto público anual promedio por habitante en todo el Estado llegará en 2024 a los 181,31 euros, de nuevo con diferencia entre las comunidades. El informe advierte que mayor volumen de gasto no implica necesariamente una atención mejor, aunque reconoce el esfuerzo. La Rioja es la tercera comunidad que dedica una mayor cuantía por habitante, 207,7 euros, solo menos que las dos comunidades que presentan menor volumen de pacientes de espera, una destacada Castilla y León, 250,1 euros; y País Vasco, 209, 5. Curiosamente, la cuarta es Andalucía, con 199.2, con la mayor demora en valoración.