El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó ayer como testigo el próximo 5 de julio al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y fijó para el día 15 la declaración del empresario Carlos Barrabés, que lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud.
Según dos providencias, el magistrado Juan Carlos Peinado citó al rector de la Complutense el mismo día que declarará Gómez como investigada en esta causa, pero lo hará unas horas después.
Recientemente, Vox presentó una querella contra la esposa del presidente del Gobierno por haber supuestamente registrado para su sociedad Transforma TSC un software creado para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.
Entre las diligencias solicitadas por la formación que lidera Santiago Abascal está la declaración como testigo del responsable de la Universidad Complutense, para desentrañar todo lo relacionado con dicho software y una presunta utilización de esa cátedra «con fines espurios» para facilitar de forma «subrepticia» la actividad de la citada empresa de Gómez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 también fijó para julio, en este caso para el día 15, la declaración del testigo considerado clave, el empresario Carlos Barrabés, cuya declaración se suspendió debido a su estado de salud.
El magistrado detalla que su situación «no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas integras para contestar a las preguntas que se le formulen», y como «no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo si es que llega a darse» determina que declare por videoconferencia y que esta declaración conste como prueba preconstituida en la causa.
El juez Juan Carlos Peinado aceptó recientemente remitir a la Fiscalía Europea una serie de contratos financiados con fondos comunitarios que hasta ese momento investigaba. Tras esta decisión, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, solicitó en un escrito que aclarase qué es lo que seguía investigando en su juzgado, ya que la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló el inicio de las pesquisas le instó a su vez a limitar la causa precisamente a los contratos que había enviado a la Fiscalía Europea.
Sin embargo, el magistrado respondió en una providencia que esa era «una conclusión interesada» que sacaba la defensa del auto, y señalaba que Gómez continuaba investigada por «dos bloques» de documentos distintos.
El letrado de Gómez ha recurrido dicha providencia, que, en su opinión, no aclaraba «nada», y subrayó que es «imposible saber qué es lo que el juzgado» investiga, algo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de su defendida, «máxime» si está citada en poco más de dos semanas.