El Gobierno decidió el martes aplazar la comisión del Congreso que iba a abordar el impuesto a las energéticas, después de que el PP y Junts acordaran suspender el gravamen sobre la producción de energía eléctrica. Esta tasa, cuyo futuro es ahora incierto, está impregnada del mismo espíritu que otro que continúa adelante, el impuesto a la banca, a pesar de las duras críticas de las grandes entidades financieras y algunas comunidades autónomas, tanto populares, como Castilla y León, como la socialista Castilla-La Mancha, gobernada por el díscolo Emiliano García-Page.
La Rioja se alinea con estas regiones y muestra su más enérgico rechazo a un impuesto que hunde sus raíces en el mismo suelo que el cupo catalán. Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda, contextualiza el nuevo gravamen en el marco de la negociación presupuestaria que ha emprendido el Gobierno de España con «las fuerzas independentistas y separatistas», entre otros, Junts per Catalunya. Es en este escenario en el que se decide que la recaudación de este gravamen a la banca, que se estima en unos 1.720 millones de euros, se distribuya entre las comunidades autónomas en función del Producto Interior Bruto (PIB) de cada territorio, en vez del método vigente para el reparto de la financiación autonómica, la población ajustada. Y eso que, según los cálculos del Gobierno de La Rioja y, al contrario que lo que sucede en otras comunidades, el reparto del impuesto de la banca con uno u otro criterio no supondría gran variación respecto a la cuantía que recibiría esta comunidad. «No sería ni perjudicial ni beneficioso», señala el responsable de la Hacienda regional, que añade que, en este caso, «se da la casualidad» de que una u otra modalidad concluyen que La Rioja tiene derecho al 0,7% de este impuesto -supone este porcentaje de la población y del PIBnacional-, alrededor de 12 millones de euros.
Ensayo para el futuro. Ahora bien, y aunque el efecto sea neutro, el Ejecutivo regional se opone «rotundamente» a la aplicación del criterio de distribución según el cálculo del PIB porque lo considera un «claro ensayo» del nuevo sistema de financiación singular que se va a conceder a Cataluña.
El consejero explica que la elección del PIB para el reparto de la financiación beneficia a las comunidades más prósperas, en detrimento de otros territorios, con menor peso del PIB y mayores necesidades de financiación, entre los que figura La Rioja, que resultarían muy perjudicadas.
«Ya se ve cómo van a ser las cosas a la hora de repartir los fondos públicos a partir de ahora, beneficiando a las comunidades más opulentas», reitera el responsable de las arcas regionales, que recuerda que el cupo catalán acarrearía para La Rioja la pérdida de 300 millones de euros, según las estimaciones del Colegio de Economistas.
Al igual que en Castilla y León, avanza que activarán iniciativas parlamentarias mostrando su rechazo al cálculo del impuesto de la banca, que supone un cambio en el criterio de redistribución de la renta, que implica que España es un país solidaria y los recursos «se reparten en función de quien tiene más necesidades», una filosofía que quedaría anulado.