Recientes acontecimientos de la crónica de sucesos, como el fallecimiento de un motorista arrollado por un autobús frente a la estación de autobuses de Logroño o el apuñalamiento de un joven durante una pelea en Calahorra, amén del creciente y controvertido debate sobre el cumplimiento de las normas cívicas en el casco antiguo logroñés, han puesto sobre la mesa la conveniencia de contar con cámaras de videovigilancia en espacios públicos, como dispositivos que han demostrado su eficacia para investigar accidentes y comportamientos sancionables. 

En la Comunidad riojana, 65 cámaras de videovigilancia graban imágenes durante las 24 horas del día en espacios públicos de 11 municipios (Logroño, Haro, Villamediana, Sajazarra, El Villar de Arnedo, Cihuri, Fuenmayor, Navarrete, Pradejón, Daroca de Rioja y Urueñuela), que solicitaron en su día autorización a la Delegación del Gobierno y a los juzgados para poder disponer de esos equipos, que ayudan a mejorar la seguridad.

Curiosamente, los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en la Comunidad a El Día de La Rioja indican que aunque el número de municipios 'videovigilados' se ha incrementado desde los 7 que tenían licencia para contar con esas cámaras en 2019 (Arnedo, Calahorra, Haro, Santo Domingo, Nájera, Alfaro y Lardero) a los 11 actuales, el número total de cámaras ha disminuido de 156 a 65.

Los dos mayores núcleos de población de la región tienen planes inminentes para tramitar la colocación de más cámaras de videovigilancia, convencidos de la utilidad de estos dispositivos como herramientas de disuasión y de identificación de personas en casos de delitos, faltas, simples comportamientos incívicos o siniestros.

En Logroño, que ahora dispone de cuatro equipos de grabación en funcionamiento, autorizadas en julio de 2021, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento trabaja ya con la Policía Local  y el departamento de turismo para definir las zonas donde se solicitará a la Delegación del Gobierno instalar cámaras de control de la seguridad y su número.

Como explica el concejal responsable del área de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana, Francisco Iglesias, la intención es que las cámaras tengan una triple función según su ubicación. De un lado, se emplazarán en determinados lugares considerados sensibles con una finalidad de control de la seguridad ciudadana, en otros servirán para aportar información sobre los flujos de visitantes de cara a mejorar la promoción turística y el tercer uso estará relacionado con el tráfico. Aunque en un principio se habló de instalar las cámaras en el casco antiguo, el Gobierno local sopesa ampliar la colocación de los equipos de grabación a otras zonas.  El objetivo es licitar entre junio y julio la instalación de los equipos y que pudieran estar instalados en el último trimestre del año.

«Las cámaras domo instaladas cubren el 98% del área necesaria y graban imágenes las 24 horas del día durante todo el año, aunque no registran sonidos. Las imágenes se almacenan en servidores municipales y son gestionadas exclusivamente por funcionarios policiales especializados de la Policía Local de Logroño, desde la Sala del 092», explican desde el Consistorio logroñés en relación a los cuatro equipos disponibles hasta ahora.

En Calahorra, donde existen 24 cámaras pero con autorización para labores de tráfico, el Ayuntamiento quiere sacar a contratación es mismo año un sistema de videovigilancia para lo que cuenta con una partida de 200.000 euros.

El ojo electrónico que vio el accidente de la estación de bus

Un ejemplo claro de la utilidad de las cámaras de videovigilancia es la grabación del fatídico accidente que el pasado 8 de mayo acabó con la vida de un motorista arrollado por un autobús en la rotonda próxima a la estación de autobuses. Una de las cuatro cámaras de videovigilancia que tiene la ciudad, todas ellas en el entorno de las estaciones y del parque del soterramiento, captó el momento del siniestro, unas imágenes entregadas por el Ayuntamiento a la Policía Local y al Juzgado que lleva la investigación. Como explica el concejal Francisco Iglesias, otra de las cámaras resultó crucial para identificar a los autores de pintadas en el parque del soterramiento. Las cámaras, que captan imágenes pero no sonidos, registran la grabación y la mantienen por término general durante un mes, al cabo del cual se destruyen, como explicó a El Día de La Rioja el concejal del Área de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana. A esas imágenes, solo pueden acceder la Policía Local o un juez.  En el caso de las que están en lugares privados o particulares, su instalación no requiere autorización, siempre que no graben en la vía pública y cumplan el requisito de darse de alta en la Agencia de Protección de Datos, designando a un responsable del tratamiento de las imágenes guardadas.