Compaginar el despliegue de las renovables para luchar contra la descarbonización de la economía con la salvaguarda del medioambiente y el paisaje es el difícil equilibrio que se intenta alcanzar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requerida para arrancar las infraestructuras de energías renovables. Así lo resume el responsable del departamento de llevar a cabo este «complejo, exhaustivo y largo en el tiempo» proceso, la Dirección General de Calidad Ambiental, que ha dado el visto bueno a 22 parques fotovoltaicos y dos eólicos en los últimos nueve meses. Su titular, Rubén Esteban, detalla un procedimiento que se asienta en la legislación estatal, que especifica que todos los proyectos que superen las 100 hectáreas han de superar una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que es simplificada en caso de los más pequeños.
«La mayor parte de los presentados en La Rioja han sido divididos en trocitos para que su potencia de generación sea inferior a de menos de 50 Megawatios y sea la administración autonómica a la que corresponda su gestión», explica Esteban, que entiende que hay dos factores para este fraccionamiento, la percepción por parte del promotor de que «hay más facilidad de acceso a las administraciones regionales que a la estatal» y, además, para evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
«Cuando hemos sospechado que existe una fragmentación del mismo proyecto, tanto de generación como de conducción de energía, se ha requerido a las promotoras que lo unifiquen en un único para ser sometido a una evaluación ordinaria», afirma el director general, que argumenta que se realiza una valoración de carácter interdisciplinar.
Enumera que se piden informes medioambientales, de flora y fauna;del territorio e infraestructuras;o cultura, «a la administración del Estado, la CHE, a los ayuntamientos o asociaciones de lo más variopinto», como de cazadores, agrarias o a otras asentadas en el territorio cuya actividad se puede ver afectada por la implantación del proyecto de renovable.
Con esos informes, la Dirección General elabora una resolución en la que «se tocan todos los aspectos que pueden verse afectados por un parque solar o eólico», declaración que tiene una validez de cuatro años, plazo en el que deben comenzar las obras, acompañadas por un plan de seguimiento ambiental, sometido al control de la administración.
Procedimientos de estas características, «con muchas afecciones» al medio natural o patrimonial, como vías pecuarias o el Camino de Santiago, «exigen una valoración exhaustiva para que no tengan efectos perniciosos sobre el medio ambiente y cumplan con los objetivos para los que se proyectan, trabajar contra el cambio climático y a favor de las energías renovables», concluye Esteban.
Alegaciones. La normativa establece que corresponde al Estado tramitar los proyectos cuya potencia sea igual o superior a 50 MW o que incumben a varias comunidades autónomas, de los que dos de carácter eólico afectaban a La Rioja y a los que su Gobierno ha presentado alegaciones.
Se trata, explica Rubén Esteban, director general de Calidad Ambiental, de Los Cruzados (68,75 megawatios) en Enciso; y Valderrete (52 megawatios) en la zona de Ocón, y las alegaciones obedecen a los efectos negativos que ocasionarían en los valores naturales de ambas zonas.
Igualmente, se presentaron alegaciones contra la línea de alta tensión que pretendía atravesar los Sotos del Ebro en Alfaro, la línea de Forestalia de más de 200, «que cruzaría La Rioja de este a oeste». «Además, no beneficiaba en absoluto a La Rioja;la energía se generaba en Aragón y se vertía en Álava», explica Esteban, quien señala que «por lo que le consta», ninguno ha recibido el plácet ministerial.