España, con un millón, es el país del mundo con más ascensores en proporción a su población, 24 por cada 1.000 habitantes, aunque alrededor de la mitad tiene una antigüedad superior a 20 años, lo que hace preciso la revisión periódica de los equipos para verificar la seguridad de los usuarios, la accesibilidad universal y la protección del medio ambiente.
Para insistir en estos objetivos, a partir del 1 de julio entra en vigor una nueva normativa de ascensores, denominada Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1, que establece nuevos estándares de seguridad en los elevadores de todo el país.
Javier Ureña, jefe del servicio de Industria, informa de que en La Rioja se contabilizan 10.556 ascensores, de los que 8.715, el 82%, podrían verse afectados por las exigencias de la nueva normativa debido a la fecha de puesta en servicio, aunque ya advierte de que algunos de ellos ya incorporan las nuevas exigencias. Al respecto, Juan Carrascal, presidente de la Asociación de Empresarios Ascensoristas de La Rioja (AEMAR), destaca que serán aproximadamente el 50% de los ascensores en funcionamiento los que requerirán acometer alguna medida adicional tras la entrada en vigor de la nueva ITC. «Esta medida tiene como objetivo que un ascensor existente, que ya está introducido en el mercado, alcance las mismas medidas de seguridad que uno que se ponga en marcha ahora», señala Carrascal.
En España, con el segundo mayor parque de ascensores de Europa después de Italia, la nueva normativa se irá aplicando de manera progresiva en un periodo que se pude prolongar hasta cinco años. Según explica Ureña, si es necesario realizar alguna adaptación se llevará a cabo una vez que la inspección ordinaria, que se realiza de manera general cada cuatro años, así lo detecte, para lo que tendrán de plazo un año.
Miguel Ángel de Marco, presidente de APRA, la Asociación de pequeñas y medianas empresas de ascensores de La Rioja, informa de que en el caso de que el elevador sufra algún tipo de incidente, el periodo para subsanarlo será de seis meses si se considera grave y de un año si no es así.
Las actuaciones. Ureña señala que se pretende reducir el número de accidentes relacionados con el uso del ascensor, como «tropiezos por la falta de nivelación entre la cabina y el rellano», evitar el atrapamiento de personas o mascotas durante el cierre de puertas, el descolgamiento del ascensor o evitar los accidentes relacionados con las guías por las que discurre el elevador. De la misma manera, se garantizará la existencia de sistemas de comunicación para facilitarla cuando alguien se queda encerrado en el montacargas.
Así, la parada del ascensor debe estar alineada con el piso, sin apenas distancia entre uno y otro, y tendrán que establecerse medidas de protección durante el cierre de puertas y contra el movimiento incontrolado de la cabina. Será necesario también contar también con dispositivos de control de carga y contrapeso.
El jefe de servicio de Industria recuerda que es su función vigilar que las instalaciones estén «al día» en sus inspecciones y, de no ser así, sancionar a la comunidad y paralizar el ascensor.
Reitera que el objetivo de la normativa es mejorar las condiciones de «seguridad y accesibilidad» y apela a los propietarios a que «se pongan las pilas» para que acometan las actualizaciones necesarias.
Ayudas. Para abordar las nuevas medidas de seguridad, que pueden suponer un importante desembolso para las comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares, no se ha aprobado ningún paquete de ayudas específico. En el caso de La Rioja, los afectados cuyo piso o casa esté construido antes de 2006 podrán acogerse al Plan de Vivienda, «siempre que soliciten la subvención y cumplan los requisitos que contempla», informa el Gobierno.
No obstante, podrán recibir también ayudas las actuaciones en viviendas con antigüedad igual o posterior al año 2006, cuando los beneficiarios o residentes sean mayores de 65 años o se acredite que tienen alguna discapacidad reconocida mayor o igual a un 33%