La decisión adoptada por La Rioja de no autorizar nuevas instalaciones de producción o transporte de energía hasta no contar con una futura ley de protección del paisaje ha dejado en un cajón al menos 27 proyectos de parques fotovoltaicos, la mayoría de pequeño tamaño. Esa moratoria, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 23 de enero, supone aparcar, o en el peor de los casos perder, una inversión conjunta que ronda los 100 millones de euros.
El cálculo lo hace la Unión Española Fotovoltaica (Unef), una asociación que agrupa a unas 800 empresas que generan en torno al 90% de la actividad del sector de la energía solar, y que no duda en calificar la moratoria riojana como una medida «injustificable» que, a su juicio, obedece a un «planteamiento político para responder a las presiones del lobby del vino».
Son palabras del director general de Unef, José Donoso, que expresa el malestar que ha provocado en el sector fotovoltaico la Ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 23 de enero (con los votos a favor de PP, Vox y Podemos-IU y la abstención del PSOE).
A su juicio, además del bloqueo «injusto» a pequeños proyectos de parques solares, que no tendrían un impacto sensible sobre el paisaje, traslada a los inversores internacionales una mala imagen de España como país con escasa seguridad jurídica.
Donoso apunta que esta moratoria lanza un mensaje a empresas extranjeras o fondos de inversión que puede hacerles desistir de venir a España o a aplicar primas de riesgo que «se comen» la ventaja competitiva de España como potencia productora de energía solar.
El argumentario del Gobierno de La Rioja y de la propia ley es bien distinto. Aunque El Día de La Rioja ha intentado sin éxito conocer su opinión al respecto, en el texto de la norma se aduce que la proliferación de instalaciones de generación y transporte de energía en suelo rústico sin una planificación previa «constituye «un elemento distorsionador de los bosques, montes, campos y valles propios de nuestra comunidad autónoma».
La ley añade que aunque los proyectos de estas «grandes instalaciones de generación de energía» alegan el interés general por favorecer la independencia energética y la lucha contra el cambio climático, son propiedad de «sujetos privados», con lo que este interés en gran parte «va en beneficio de determinados promotores». Bien es cierto que esta norma hace una excepción con los proyectos de autoconsumo, que si son autorizables.
Pero el director general de la Unef matiza que los 27 proyectos paralizados por la moratoria riojana son muy pequeños, salvo uno de 40 megavatios y otro de 29,4, y el resto por debajo de los 5 megavatios y dos de 0,75. En total, esos 27 parques cuyos proyectos han quedado en el limbo suman unos 152 megavatios.
A juicio de esta organización de productores de energía solar el rédito no es únicamente para las empresas. Según sus estimaciones, los ayuntamientos en los que proyectaban instalarse estas plantas fotovoltaicas, Logroño, Murillo de Río Leza, Entrena, Arnedo, Pradejón, Grañón, Alberite, Sorzano y Bañares, entre otros, dejarán de ingresar por la moratoria unos 1,5 millones de euros al año por el total de las 27 plantas (se calcula una repercusión de 10.000 euros por megavatio/año). A ello se sumaría en torno a 500.000 euros al año que recibirían el conjunto de propietarios de los terrenos en los que se instalan las placas solares, a razón de unos 1.500 euros anuales por hectárea. Y un último beneficio que indica Donoso es la generación de empleo, que si bien en cuanto al mantenimiento de los parques una vez en servicio es escasa, si es interesante en la fase de construcción.
«No están en viñedos». Tampoco admite el director general de Unef el argumento del impacto sobre el patrimonio natural. «Son proyectos que no están en viñedos» y en general cercanos a instalaciones de evacuación de energía ya existente y de centros de consumo de electricidad.
Por contra, en la exposición de motivos de la Ley, que en todo momento habla de «grandes proyectos», se alega que se localizan sobre terrenos agrícolas en los cuales se ha llevado a cabo previamente una concentración parcelaria o una modernización de regadíos con la finalidad de mejorar la productividad agraria. «Estos proyectos de mejora agraria sí han sido impulsados en buena medida por el Gobierno de La Rioja con las oportunas inversiones públicas y declaraciones de interés general».