Las dos patronales del transporte,  la Asociación de Transportistas y Logísticas de La Rioja (Atradis) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), continúan su guerra particular y siguen sin ser capaces de acreditar el número de trabajadores con los que cuentan, extremo crucial para saber de cuántos representantes dispondrán en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector.

Después de que el lunes de la semana pasada, Atradis no pudiera confirmar la cifra de empleados que tenían en nómina sus empresas a 9 de noviembre -día que se acordó-, lo que demoró hasta ayer el proceso de acreditación, una nueva dificultad entorpeció que se materializara el proceso, lo que impidió la composición de la mesa para arrancar la negociación de un nuevo convenio.

Según explica Nuria Vicente, representante de los sindicatos con representación en el sector -UGT, CCOO, CSIF y USO-, al parecer surgieron dudas sobre el CNAE, esto es, la actividad de algunas de las empresas asociadas.

Ante la imposibilidad de que ambas patronales alcancen un acuerdo, Atradis, perteneciente a la FER, propuso someter la representatividad de la parte empresarial al arbitraje de un mediador «elegido por las partes» para que dilucide cuál es la presencia con la de han contar en la mesa negociadora del convenio. 

 El secretario general de CETM, Javier Cámara, confirmó que se abrirá una consulta entre sus socios para conocer si aceptan la figura del mediador, aunque señaló que desconoce cuál será la decisión que adopten los miembros de la organización, entre los que se encuentran los dos grandes nombres del transporte riojano, Grupo Arnedo y Transáez.

En este escenario, está por ver si son capaces de consensuar un nombre para ejercer la función de arbitraje, que ha de recibir, en cualquier caso, el visto bueno del Tribunal Laboral.

Es la representación en la mesa de negociación la que lleva años enfrentando a las asociaciones empresariales, asunto que CETM denunció y que provocó que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) declarara el pasado agosto nulo el convenio colectivo 2015-2019, lo que condujo al sector a una huelga, aunque con poco éxito.

A pesar del escaso seguimiento los sindicatos del sector, que han manifestado en repetidas ocasiones su hartazgo ante la guerra sin cuartel de la patronal, sí que lograron que las organizaciones empresariales se comprometieran a justificar su representatividad para lograr un nuevo convenio, una negociación que debía haberse abierto ayer mismo. Así las cosas, los alrededor de 2.700 trabajadores con los que cuenta el sector han de esperar sine die a la composición de este marco de diálogo,.

«Se tienen que poner de acuerdo», apela Nuria Vicente, que reitera que se trata de un problema en el seno de la patronal, al tiempo que manifiesta su confianza en que un arbitraje que analice los documentos logre «destaponar» este conflicto.