No abrirá un gran agujero en sus cuentas de recaudación, pero una sentencia ha dejado al Ayuntamiento de Logroño sin el arma legal para poder cobrar a empresas constructoras y a reformistas las tasas que establece una ordenanza de ocupación de suelo público por instalar vallas, andamios o contenedores de obra, por ejemplo. Los tribunales han estimado el recurso de dos constructoras y anulan los artículos de la normativa municipal que fijan las cuantías de las tasas, lo que impide al Consistorio seguir cobrándolas hasta que apruebe una nueva ordenanza que corrija el error.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja deriva de los recursos presentados en enero por las empresas Marnie SL y Coblansa S.A. contra cuatro tasas de la ordenanza de ocupación de suelo y vuelo de terrenos de dominio y uso público. Los tribunales dictaminan que el Consistorio logroñés cobraba las tasas sin justificar correctamente las cuantías. El texto indica que las tasas previstas en el informe técnico económico municipal «no tienen conexión o correlación con las tarifas aplicadas en las liquidaciones, sin que exista explicación».

En lenguaje no jurídico, lo que dice la sentencia es que las tasas que cobraba el Ayuntamiento a las empresas no tienen una justificación técnico-económica que avale que la cantidad girada se corresponde con un valor de mercado por el servicio prestado, explica el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Juan Ramón Liébana.

Aunque los recursos los presentaron dos empresas, la patronal de la construcción viene haciendo suya la crítica hacia esas tarifas, que se modificaron durante el anterior mandato municipal. 

La solución a este vacío legal podría llegar en los primeros meses de 2024, entre enero y abril, cuando podría estar lista la nueva ordenanza adecuada a lo que exige la sentencia, según las estimaciones del concejal de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana, Francisco Iglesias, que apunta que el Ayuntamiento no puede hacer otra cosa que acatar la sentencia del caso, que se judicializó en el mandato anterior, y trabajar en la nueva normativa, algo que ya está en marcha.

Posibles reclamaciones. La situación para las arcas municipales podría ser aún más gravosa si, como apunta Liébana, hubiera empresas que pidiesen la devolución de las tasas cobradas por la recaudación municipal en los cuatro años anteriores. Aunque la sentencia no lo dice de forma explícita, el directivo de la CPAR cree que queda abierta esa vía de reclamación en ese plano no prescrito.

«Es de ley reclamarlas; si las tasas se han declarado nulas, es lógico que pueda hacerse», asevera el representante del sector empresarial de la construcción, que añade que la CPAR ya venía desde hace tiempo denunciando lo que él califica como «voracidad recaudatoria» de la Administración local.

Sobre esas posibles reclamaciones, Francisco Iglesias afirma que cualquier persona o empresa está legitimada para reclamar «y se contestará en sentido positivo o negativo, atendiendo a los términos de la sentencia».  

 Las tasas anuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo son la de vallas para nuevas construcciones, que tiene un importe mensual de 1,82 euros por metro lineal o fracción;vallas para reformas de plantas bajas o entrepisos (1,8 euros); andamios o entramado metálico volado o apoyado en el suelo (2,67 euros);y casetas de obra, espacios vallados para acopio de materiales o similares (2,67 euros).

Un impacto económico difícil de cuantificar

¿Cuánto dinero dejará de ingresar el Ayuntamiento al no poder cobrar por las tasas anuladas? Ni el Consistorio ni los constructores se atreven a dar cifras, dado que ese ingreso depende del número de promociones de vivienda u obras  de rehabilitación que se inicien. «Es una cuantía muy variable, porque depende de los solares y las promociones que se hagan», explica el concejal del área de Hacienda y Tributos, Francisco Iglesias, que indica que en todo caso no será un 'agujero' económico desmesurado para las arcas municipales. Desde la patronal CPAR, que responsabiliza al anterior equipo de Gobierno municipal del aumento de estas tasas, Juan Ramón Liébana estima que las cantidades pueden ser importantes para una empresa que tenga una promoción de gran dimensión. En una obra nueva, estima que podrían ir de 10.000 a 30.000 euros.