Son todavía estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Rioja, pero son centenares los autónomos riojanos que tienen que devolver las ayudas que recibieron para hacer frente a las consecuencias más graves del covid. Fernando Melchor, presidente de ATA, calcula que la cifra rondará el 9% de los más de 13.000 trabajadores por cuenta propia, unos 1.200, que percibieron la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos (PECATA), aprobada tras la declaración del estado de alarma de marzo de 2020, los que tendrán que reintegrar la cuantía de la subvención.
Con una prestación media abonada en nuestra país durante el periodo de vigencia de estas ayudas [estados de alarma] en 2.513 euros -según los datos del Tribunal de Cuentas-, las cuantías que las mutuas exigen a autónomos oscila entre los 2.500 y los 5.000 euros en La Rioja, según las estimaciones de Melchor.
Recuerda que con la declaración del estado de alarma, el Estado estableció ayudas que califica de «subsistencia» para los autónomos que no podían desarrollar su actividad, que resultaron «muy valiosas», y que ahora reclaman las mutuas, siguiendo las directrices marcadas por el informe del Tribunal de Cuentas, devoluciones «que nunca vienen bien». El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos se muestra crítico con una medida que «supone un varapalo» y, según apunta, afecta a trabajadores que aún no han podido recuperarse de los efectos del coronavirus, que se han visto incrementados a causa de los problemas debidos a la falta de suministros o los aumentos de costes. Explica que, entre otras, las razones que alegan las mutuas para reclamar las cuantías pagadas figuran que se dieron de baja de autónomo cuando no podían o su actividad no estaba incluida dentro de los epígrafes que la Seguridad Social contemplaba para acceder a las ayudas.
No obstante, Melchor argumenta que la solicitud de las ayudas respondió en su momento a la necesidad generada ante la imposibilidad de desarrollar su actividad profesional por lo que confía en un margen para no tener que efectuar el reembolso íntegro de la cuantía percibida.
«En principio, las ayudas fueron muy positivas, pero existe un amplio colectivo para el que su devolución entraña un varapalo para el desarrollo de su actividad», reitera Melchor. El presidente de ATA añade además la decepción que este mecanismo genera en los autónomos, al «pasar del apoyo del Estado a la devolución de las ayudas» que, según señala, incluye intereses.
En su opinión, la afección no se focaliza en un sector concreto, aunque sí señala que se está produciendo «un goteo constante» de autónomos, procedentes de la asesorías, que consultan «a ver si se puede hacer algo».
Indica que las mutuas aprovechan «cualquier resquicio» para demandar el reintegro de las cuantías abonadas e indica que, a pesar de la posibilidad de presentar alegaciones, «las están rechazando todas». No obstante, apunta que ATA aprovecha cualquier margen que encuentra para recurrir a la vía judicial y, de hecho, tribunales gallegos les han dado la razón al entender que no hay obligación de devolver las ayudas porque los criterios que se aplican son abusivos. Melchor informa de que hay muchos trabajadores que «por 2.000 o 2.5000» prefieren efectuar la devolución y evitarse otro tipo de trámites, aunque también apunta que los hay que reprimen el deseo de recurrir ante el temor de un doble gasto posterior.
«Les pedimos que presenten reclamaciones ante las mutuas y, si son rechazadas, analizamos y estudiamos su respuesta para valorar si conviene actuar judicialmente», explica Melchor, a quien también se le ha exigido la devolución de la subvención, una vez que los abogados no estaban incluidos en el epígrafe de actividades económicas afectadas por la declaración del estado de alarma. Relata que, «al no tratarse de una cantidad muy elevada», ha evitado presentar recurso, a pesar de que entiende que hubiera tenido base para ello.
«Si no cumples, devuelves». Javier Marzo, secretario general de la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos (UPTA), explica que en el momento en el que se realizó la petición de cese de actividad, el trabajador tenía que firmar una declaración jurada de pérdida de facturación, pendiente de las declaraciones de Hacienda de años siguientes. «Si no cumplíamos los requisitos, sabíamos que estábamos obligados a la devolución de las ayudas», señala Marzo, que informa de que algunos de los afectados están recurriendo judicialmente si la diferencia entre lo concedido y lo que hay que devolver no es muy elevada.
Afirma que este proceso de exigencia del reintegro de las ayudas se inició hace unos meses y su percepción apunta a que son las actividades vinculadas con la industria las más afectadas por esta incidencia. «Los comercios, a excepción de los de primera necesidad, como los de alimentación, estaban cerrados», recuerda el secretario general de UPTA Rioja.
Reitera de que en el momento del cobro de las cuantías, eran conocedores de las exigencias que se plantearon para ello, «ya sabíamos lo que firmábamos», apunta.
Esta carga, que afecta a -según diferentes cálculos a entre 170.000 y 300.000 personas en nuestro país- se extrae del informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas y en el que ha detectado «incumplimientos e incidencias en la concesión de las prestaciones», y en el que cuantifica en 505,5 millones la factura de la suma percibida sin cumplir los requisitos.
El informe del tribunal fiscalizador concluye, por un lado, que la implantación de esta medida ha sido eficaz y ha cumplido el fin para el que fue implantado, que era mantener el trabajo de los trabajadores autónomos; pero, por otro, señal que la gestión ha sido ineficiente ya que se han verificado numerosas incidencias e incumplimientos.
CNAE no contemplado. El tribunal fiscalizador cita como motivos de devolución el incumplimientos de los requisitos, como conceder la prestación sin estar dado de alta en la Seguridad Social o sin estar al corriente del pago de las cuotas, e incidencias en el procedimiento de gestión y control, que afecta a 125.000 beneficiarios que percibieron 119,5 millones.Hay otro nutrido grupo, de 156.000 autónomos, dado de alta en un CNAE que no se encuentra recogido en el listado orientativo de actividades económicas efectivamente suspendidas, que recibió de 386 millones. Los incumplimientos relacionadas con el procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas afectarían a 69.269 beneficiarios por un importe total de 41,6 millones