La reclamación de la compensación a la Comunidad autónoma y a los ayuntamientos de Sotés y Hornos de Moncalvillo por tener en su territorio una planta de extracción de gas natural se sustanció durante el periodo del Gobierno socialista presidido por Concha Andreu en el envío de siete cartas a distintos departamentos del Ejecutivo central, también del PSOE. Las misivas no tuvieron respuesta positiva, dado que el Estado continúa sin entregar a la región ni un euro de lo que recibe de la empresa concesionaria en concepto de impuesto por extracción de hidrocarburos. La ley establece un mecanismo de compensación por el que la Administración central debe aportar incentivos a las comunidades autónomas y entidades locales por la presencia de una planta de producción de gas natural.

Los socialistas riojanos arguyen que no es cierto que durante su etapa en el Ejecutivo no se reclamase al Estado la compensación de ese tributo, pero esa exigencia no fue más allá de los escritos enviados, la mayoría de ellos contestados por los ministerios con respuestas de tono evasivo y sin compromiso cierto del pago de los incentivos, sin que esa falta de resultados diera pie al inicio de algún tipo de acción legal o recurso ante la justicia.

El primer escrito se remitió en junio de 2020 a la Secretaría de Estado de Hacienda para que se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una partida con esa compensación económica. El silencio fue la respuesta a esta primera misiva.

En diciembre de ese mismo año, el Ejecutivo de Andreu reiteró la petición y en febrero de 2012 la citada Secretaría de Estado indicó que la solicitud debía dirigirse a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A ese departamento se remitió el tercer escrito en septiembre de 2021, en el que se requería una subvención en concepto de incentivos por la extracción de hidrocarburo en suelo riojano a favor de la Comunidad autónoma, con el compromiso de repartirlo posteriormente entre los ayuntamientos en donde se encuentra el yacimiento de gas natural Viura. 

A la ministra. Tampoco hubo respuesta en esta ocasión, lo que llevó a la presidenta Andreu a escribir directamente a la ministra Teresa Ribera a finales de septiembre. El siguiente paso fue remitir de nuevo la petición a la Secretaría de Estado de Energía en noviembre de 2021. La contestación fue que requería «un desarrollo normativo que concrete la metodología y los términos en que se debe concretar tal incentivo y ofreciendo colaboración».

A la vista de ese ofrecimiento, el Ejecutivo riojano propuso constituir un grupo de trabajo al efecto, a lo que no hubo respuesta. El último 'cartucho' fue otra petición al subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 5 de noviembre de 2022, para que se incluyese en los Presupuestos del Estado de 2023 una partida de 2 millones de euros a favor de la Comunidad en primera instancia, para compensar posteriormente a Hornos y Sotés. 

El PSOE, con datos facilitados por la empresa, cifraba en algo más de 1,6 millones de euros el dinero pagado por la compañía a la Hacienda estatal en concepto de impuesto por la extracción de gas. De acuerdo con los datos facilitados a El Día de La Rioja por distintas fuentes, desde que la planta de gas entró en explotación (la concesión se otorgó en 2017) hasta diciembre de 2021, la cantidad era de unos 2,4 millones de euros. En ejercicios sucesivos, la concesionaria tributó en 2022 por 524.412 euros por la producción de 2021; 834.997 euros en 2023; y 252.030 en 2024. En total, más de 4 millones. Hasta ahora, ni la Comunidad ni los ayuntamientos han recibido nada. 

Lo que dice una ley incumplida en La Rioja

El artículo 7 de la ley de hidrocarburos obliga a establecer en los Presupuestos Generales del Estado dotaciones destinadas a las comunidades autónomas y entidades locales en las que se desarrollen actividades que constituyan el hecho imponible del Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados y las tarifas tercera y cuarta del canon de superficie. El impuesto grava a la actividad extractora con el 4% de la producción de gas. Aunque la ley deja claro que de ese impuesto deben derivarse a esos «incentivos» a las comunidades y ayuntamientos no es igual de nítida al determinar la cuantía.