La Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja, Atradis, vinculada a la FER, analiza hoy la decisión unánime adoptada el  sábado por los trabajadores del sector del transporte, que han convocado una huelga del 5 al 10 y del 12 al 17 de noviembre, consecuencia de la nulidad, por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), del convenio colectivo de transporte de mercancías del 2016 al 2020 el pasado 30 de junio.

El máximo tribunal adoptó esta decisión después de que la otra asociación de la patronal del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), presentara una demanda porque entendía que la firma del convenio no se ajustaba a lo legalmente establecido en materia de representación patronal. 

Su secretario, Javier Cámara, asegura que está «por la labor» de negociar, como así, asevera, les han insistido a los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF, que muestran una postura unánime en defensa de la huelga.

El representante de CETM argumenta su afirmación en lo ocurrido en la última reunión, celebrada el pasado día 9 de octubre, de la que  se les remitió el acta el día 11 y «ellos sin poner ninguna objeción a la misma tardaron 14 días en devolverla firmada», por lo que apunta que es una idea «peregrina» la acusación de querer bloquear la negociación.

Cámara insiste en refutar dicho argumento y apela a los sindicatos a que pongan una fecha para retomar el diálogo porque es su voluntad «trabajar con ellos» para alcanzar un convenio colectivo acorde a las circunstancias actuales y lo más pronto posible para aportar seguridad jurídica, tanto a trabajadores como a empresarios.

Por encima del convenio. La anulación del convenio devuelve a los trabajadores a la situación de 2015 -estaban a punto de sentarse a negociar la retroactividad del convenio anulado-, una circunstancia que, en este momento, se antoja imposible, según señala Cámara, por los acontecimientos acaecidos en los últimos años, como la pandemia del covid o la guerra de Ucrania.

No obstante, el representante de CETM asegura que las nóminas de los asalariados del sector del transporte están «muy por encima» de los términos contemplados en el convenio ante la escasez de trabajadores. «No hay mano de obra, y ante la falta de oferta hay que pagarla», afirma el secretario de la organización empresarial. Además,  explica que, según el informe jurídico encargado por su asociación, el convenio firmando sigue estando vigente para las organizaciones que lo suscribieron y es, por tanto, de obligado cumplimiento para las empresas de la FER y Atradis.

De la misma manera, Cámara quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los consumidores porque constata que los transportistas del resto del país continúan trabajando por lo que vaticina  que supermercados y otros establecimientos no sufrirán desabastecimientos de cara a las grandes citas anuales del comercio, que arrancan en Black Friday.

El hecho de que sea una huelga de carácter autonómico le hace dudar del volumen de seguimiento y espera que no sea secundado por muchos trabajadores, cuya voluntad confía en que se respete.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Nuria Vicente, ha explicado que la anulación de este convenio ha dejado un vacío legal «que nunca había sucedido en La Rioja y ha provocado una situación nunca dada para 2.500 trabajadores» que dependen del mismo.

Según los cálculos de los sindicatos convocantes, y sin tener en cuenta la antigüedad de cada trabajador, con el convenio de 2015 un auxiliar administrativo del sector perdería unos 2.800 euros al año, mientras que un conductor o un peón dejarían de percibir unos 3.000 euros anuales.

Las organizaciones sindicales del sector de transportes exigen que las tres asociaciones del sector se sienten a negociar, un encuentro que, de momento, no tiene fecha de celebración.