«Hay pegas para 4.000 menores, con Ucrania fueron 40.000»

Feli Agustín
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La asociación AMIN critica la «discriminación» a la que están siendo sometidos los menores no acompañados que, desde Canarias, deben ser reubicados en otros territorios del país

Inmigrantes llegando a Arguineguín (Gran Canaria), en una foto de archivo. - Foto: Europa Press

La celebración del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial, el pasado sábado, que este año ha querido conmemorar  los 60 años de la Convención contra el racismo: avances y logros en la lucha contra la discriminación racial, ha venido precedida por la agria polémica que ha suscitado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para el reparto de 4.400 menores extranjeros no acompañados, actualmente en Canarias.  Con el rechazo frontal de varios ejecutivos, entre ellos el riojano -«154 menores es un despropósito absoluto que vendría a colapsar el sistema y romper el acogimiento adecuado», señaló su presidente, Gonzalo Capellán-, en esta resistencia algunas organizaciones detectan cierto sesgo racista.

«Cuando estalló la guerra de Ucrania con Rusia, todo los gobiernos y ayuntamientos abrieron las puertas para que pudieran venir alrededor de 40.000 menores y en una semana estaba todo perfectamente gestionado», recuerda Samar Ali Parveen, presidente de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN), que destaca que ahora, que son 4.000, «el 10%», el Gobierno tiene que llamar a las puertas de todas las comunidades para que se hagan cargo de «40, 50 o 100».

Reflexiona que los chavales, que ahora en el archipiélago deben ser reubicados en otros territorios del país, están sufriendo una «total» discriminación. «Y no debería ser así», lamenta Ali Parveen, que argumenta que los ciudadanos ucranianos, «con la piel blanca, el cabello rubio y los ojos azules, pues bienvenidos son», mientras que los chicos que lleguen de África, «son negros o marroquíes» y son contemplados de otra manera. El presidente de la Asociación del Mundo Inmigrante añade que desde el Estado «no se debe permitir», y todos deben ser tratados de igual forma, mientras que se queja de que todo el mundo «se lava las manos».

AMIN, que no se encarga de la acogida y atención directa de menores, responsabilidad atribuida a Cruz Roja, Cáritas o Movimiento por la Paz, realiza otra serie de actuaciones para facilitar a los jóvenes la integración más adecuada en el nuevo entorno, como la impartición de clases de castellano,  ayuda a labrarse un futuro en esta tierra, con clases de informática o  apoyo en la búsqueda de empleo.

Explica que, en función de su edad -más o menos de 16 años-, se centran también en refuerzo escolar y les  acompañan a la realización de los diferentes trámites administrativos en instituciones como la Seguridad Social, Hacienda, la comisaría de Policía, Guardia Civil, el colegio, el hospital o la Oficina  de Extranjería. Y es que, resalta, no es solo acoger los menores, detrás debe haber un trabajo y un equipo de gente formada que se ocupe de su adaptación e integración.

 La mayoría de estos jóvenes han llegado a través del mar, en patera,  y no son muchos los que después eligen La Rioja como destino permanente. Ali Parveen indica que depende de la situación personal de cada uno de ellos y las vinculaciones familiares de amistad con otras personas ya en Europa, «en Francia. Alemania o Bélgica, que se trasladan allí» u otros que saltan a diferentes puntos de España.

«Muy pocos que no conocen a nadie, mientras entran, se sitúan, van conociendo gente y a sus paisanos y se van trasladando de un sitio a otro», señala el responsable de AMIN, que informa de que los chavales, algunos en edades tan tempranas como 14 años, provienen de África subsahariana -Mali, Senegal Gambia, Costa de Marfil-, Marruecos o Mauritania.

Apunta que el Gobierno de La Rioja cuenta con programas de cooperación en diversos países, como Burkina Faso o Cabo Verde, que han visitado recientemente, lo que les ha permitido comprobar las dificultades a las que se enfrentan sus ciudadanos para el desarrollo de la vida cotidiana , como la obligación de caminar kilómetros para encontrar pozos o pantanos para lograr una garrafa de agua o leña para el  fuego.

«La situación es mala y sus gobiernos sí trabajan en las grandes ciudades, pero más allá de las capitales, nada», señala el presidente de la asociación de apoyo a la población migrante, que constata que  «ningún padre ni ninguna madre quiere que su hijo, con 14 o 15 años, se vaya de casa, pero las circunstancias les obligan a salir».

 Parveen, muy crítico con algunos gobiernos, «corruptos, que se llenan los bolsillos, pero no piensan en su pueblo», insiste en que los menores se marchan «a veces sin ropa ni zapatos, alimentándose de lo que encuentra en el camino» buscando mejorar la vida, sin poder hablar con su familia durante años. Al respecto, asegura que hay personas que con el salario que percibe en España pueden alimentar a once familias para lo que realizan cualquier trabajo, «que no quieren la gente de aquí o quienes ya están asentados».

La maleta de la esperanza. Acabo de atender a un chico, Zacarías, que estaba tan tranquilo en su cole, justo ha cumplido la mayoría de edad y lo ponen en la calle;está derrumbado, no deja de llorar». Miguel David Pozo, sacerdote de una parroquia cordobesa, relataba ayer con pesar la dramática situación que sufren un gran número de chavales inmigrantes. Pero Zacarías es afortunado y va a ingresar en el programa La maleta de Luisa [por santa Luisa], que lleva a cabo Cáritas parroquial en el polígono Guadalquivir de Córdoba, «el séptimo barrio más pobre de Europa», con la intención es «curar al joven herido», . 

La Diócesis riojana celebra estos días la II Semana Social, con el propósito de invitar a reflexionar sobre la situación de los jóvenes migrantes. A lo largo de tres jornadas, el programa ha abordado distintos aspectos y se cierra hoy, en el Espacio Lagares, a las 19:00 horas y entrada libre, con la exposición de dos proyectos que se desarrollan en Córdoba y Sevilla. La peculiaridad de La maleta de Luisa es que se centra en mayores de 18 años, que han debido abandonar los dispositivos de acogida al alcanzar la mayoría de edad, chicos con una historia de vida «muy dolorosa».

Su artífice explica que las bases del programa se asientan en la formación y los jóvenes deben cursar formación reglada, FP, ESO o Bachillerato, al tiempo que se les regulariza la situación y se les busca trabajo. «Hacemos con ellos un itinerario personalizado, intentando llegar a la meta de integrarse en la sociedad con la dignidad que merecen».

El programa, apunta el sacerdote, persigue aportar un entorno  lo más parecido a un hogar para chicos «lejos de su familia y su país» por lo que se  dirige a un número reducido de personas, ahora son seis, a los que se sumará Zacarías,  a pesar de todos aquellos a los que no pueden hacerles sitio. «Hay muchos chicos extranjeros en la calle», asegura Pozo, que indica que la estancia se acomoda «a lo que cada uno necesite». 

El proyecto lleva seis años desarrollándose y su creador presume de que todos los que han hecho uso de este servicio han regularizado su situación y ninguno ha vuelto a la calle. «Es un recurso positivo y tremendamente necesario», considera el sacerdote, que argumenta que al tratarse de un proyecto parroquial, al margen de las instituciones, goza  de una libertad de la que carecen otros dispositivos tutelados por la administración.

 «Trabajamos mucho la afectividad porque pensamos siempre en la urgencia de la habitación y la comida, pero el corazón, ¿quién lo cuida?, se pregunta Pozo, quien ya ha puesto en marcha un piso para en el que, autogestionado, se acomoden chavales que deben abandonar La maleta.

Además de esta vertiente, permite alojarse a personas sin hogar, imparte clases de castellano, además de trabajar en la reintegración en el sistema educativo de chavales del barrio que han abandonado la escuela.