La mujer a la que el Ministerio Fiscal pedía ocho años de prisión por obligar a otra a ejercer la prostitución bajo amenazas ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo de conformidad por el que acepta dos años de prisión.

El Fiscal le imputaba dos delitos, uno de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y otro de determinación al ejercicio de la prostitución y de explotación sexual, al obligar a otra mujer, bajo amenazas de ser deportada a Colombia, a ejercer la prostitución.

Además, le imputaba otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que le reclama 3.000 euros de multa, así como otros 10.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

L.G.R., nacida en Colombia, y sin antecedentes penales, contactó con la víctima a la que ofreció trabajar en un restaurante de España, así como se prestó a organizarle y gestionar el viaje.

Sin embargo, al llegar a Logroño fue trasladada a un piso donde le explicó que "el supuesto restaurante no existía y que tenía que trabajar de prostituta, requiriéndole a darle su pasaporte y avisándole de que si no aceptaba prostituirse, conseguiría que la deportasen y además le pasaría algo malo a su familia en Colombia".

Hoy, en la vista oral en la Audiencia Provincial, la acusada, tras reconocer los hechos, se ha conformado con dos años de prisión y multa de doce meses a cinco euros por día por un delito de determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual.

Por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros la pena impuesta es de ocho meses de multa a cinco euros por día. Además tendrá que indemnizar a la víctima con 1.500 euros por daños morales.

Se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas (al haberse alargado indebidamente el procedimiento) y, además, se ha suspendido la pena durante dos años condicionado al pago de las multas y de la indemnización así como a que no cometa ningún delito durante el tiempo de suspensión.