Es el 'jefe' de las cuentas riojanas y el encargado en buena medida de fijar la estrategia regional ante los candentes debates sobre el perdón de la deuda a las comunidades y la reforma del sistema de financiación autonómica. Poco dado a exabruptos, es difícil que a Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, se le desdibuje el semblante sonriente y que el pimpampum de la confrontación política le saque del discurso pulcro de gestor concienzudo, aunque la experiencia de dos legislaturas en puestos clave del Gobierno se nota y el político se impone al burócrata.

Todavía resuenan los ecos de la bronca política por el plante de los consejeros del PP a la ministra Montero, en desacuerdo con la quita de deuda que ofrece el Gobierno de Sánchez. ¿No habría sido mejor quedarse y explicar sus razones?

Nosotros dijimos con mucha claridad cuál era nuestra opinión. Tal y como está confeccionada por el Gobierno de España, la propuesta de condonación de deuda es injusta y perjudicial para los intereses de los riojanos y nos coloca, según los criterios que miremos, como la peor o como la segunda comunidad peor tratada. Antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo una reunión de técnicos en la que la representante de La Rioja solicitó retirar la propuesta para dialogar y tratar de mejorarla. Pero la negativa del Ministerio fue rotunda y dijimos que con esa propuesta no se daban las condiciones para poder votarla.   

Algún presidente del PP, como el aragonés Azcón, ha dicho que habrá que leer la letra pequeña. ¿La Rioja ha dicho su última palabra o esperará a leer la letra pequeña?

La letra pequeña la hemos leído de arriba abajo y las conclusiones ya las manifestó el presidente: es injusta y perjudicial para los riojanos, condona 1.368 euros de deuda por habitante, cuando hay comunidades a las que les condona 2.284. Seríamos la segunda comunidad autónoma que menos deuda reduciría con respecto al producto interior bruto. Para que La Rioja fuera tratada como las comunidades mejor tratadas haría falta incorporar 299 millones de euros  a los 448 propuestos por el Ministerio. Además, los intereses que dejan de pagar las comunidades derivados de esta condonación no se podrán utilizar para prestar otros servicios públicos distintos. Exigimos al Ministerio que no continúe con la tramitación de la propuesta, que la negocie con todas las comunidades y a partir de ahí podremos mejorar la posición de los riojanos. 

Queda por delante la tramitación de la ley. Si a La Rioja se le perdonasen 747 millones en lugar de 448, ¿darían el visto bueno a la quita o hay de fondo un rechazo del PP?

Con esta propuesta, los riojanos salen perjudicados en 299 millones de euros. A medida que se vaya modificando en su tramitación parlamentaria, si se incluyen aspectos que la mejoren...Pero nuestra línea roja es esa, queremos ser tratados como la que mejor. Más allá de las opiniones de las formaciones políticas, nos debemos a los intereses de los riojanos.  

¿Qué ocurriría si la propuesta siguiese adelante sin consenso y ustedes mantienen su 'no'? Alguien podría decir, mejor que nos perdonen 448 millones que nada, ¿no?

No estamos en ese momento del debate, porque falta la tramitación en el Congreso de los Diputados, que no será sencilla. No solo hay que aportar esos 299 millones más, sino también dejar de penalizar a las comunidades que han bajado los impuestos y de penalizarlas en función de una supuesta e inexistente infrafinanciación en el sistema, que también nos penaliza.

En el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, la propuesta del Ministerio, que no prima a regiones con problemas de despoblación, beneficia a algunas autonomías del PP y perjudica a otras, como La Rioja. ¿Eso dificulta una postura de partido?

Hablamos del sistema de financiación autonómica y lo verdaderamente importante es la opinión de los gobiernos autonómicos, no tanto de las formaciones políticas que los sustentan. Esto debe estar regido por el principio de igualdad, que todas las comunidades reciban la misma financiación, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la misma calidad de servicios. Por tanto, es un debate entre comunidades autónomas. Hay criterios como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y el pequeño tamaño que exigen ser tenidos en cuenta, porque si no, La Rioja saldría muy perjudicada. Y la defensa de estos criterios está muy por encima de cualquier consideración política. Si el sistema no tiene en cuenta la despoblación, La Rioja perdería 200 millones de euros; si no tiene en cuenta su pequeño tamaño, también perdería un volumen importante; y si no tiene en cuenta la cláusula del statu quo, recibiríamos menos que lo que recibimos ahora. Esos tres criterios son líneas rojas. 

Desde la oposición le suelen reprochar a su Gobierno que reclame más recursos al Estado para prestación de servicios y al mismo tiempo rebaje los impuestos. ¿No es un contrasentido?

No tiene nada que ver una cosa con otra. Con el sistema de financiación, el Estado reparte entre las comunidades en función de unos criterios. A partir de ahí, cada comunidad debe recibir ni un euro más ni menos que lo establecido en esos criterios. Eso determina que tengamos autonomía política. Y esa autonomía determina que las comunidades tengamos competencias para subir o bajar los impuestos en función de los programas políticos. En la legislatura anterior hubo un gobierno que subió los impuestos y los riojanos optaron por darle mayoría absoluta al partido que tenía en su programa reducirlos. Lo que hacemos es cumplir con lo que prometimos.

La última rebaja fiscal recorta un 1% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a jóvenes que compren una vivienda. Tomando como precio medio de un piso unos 150.000 euros, ¿ahorrar 1.700 o 2.500 euros, en el mejor de los casos, arreglará el problema?

Consideramos que es significativo, hasta el punto de que desde que anunciamos la medida el 14 de enero, se ha producido una cierta ralentización de viviendas de segunda transmisión, porque la gente está esperando para aplicarse esa reducción fiscal. Y también lo vemos en las numerosas llamadas de ciudadanos preguntando por la entrada en vigor de la medida. Puede parecer una cantidad pequeña en el precio de una vivienda, pero forma parte de las cantidades que tiene que reunir un joven o cualquier familia para pagar cuestiones que no forman parte del precio de la vivienda, pero que influyen en él, como impuestos, notarios o costes burocráticos. En ese momento, el ahorro de 1.700 euros es muy importante porque ayuda a que el joven reúna esa cantidad. Y además, esta no es una medida aislada, porque nuestra política de vivienda es amplísima, con una nueva deducción en el IRPF, construcción de VPO, el Plan Revive y una apuesta importante por el alquiler accesible.    

Usted decía hace medio año que había margen para seguir rebajando la presión fiscal en el objetivo del presidente Capellán de hacer de La Rioja la región con impuestos más bajos. ¿Sigue habiendo margen?

Sí, siempre queda margen para reducir impuestos y para aliviar a los ciudadanos de las cargas que tienen, en momentos difíciles, porque hay mucha inflación y complejidades económicas. Y una de las mejores maneras de mejorar las economías domésticas es reducir la carga impositiva y que puedan utilizar el dinero para otras cosas. Por eso hemos reducido y eliminado ya varios impuestos, pero aún veremos novedades a lo largo de la legislatura en materia de IRPF y de otros impuestos. 

¿En qué nuevas rebajas se trabaja?

En diversas alternativas. Hace ya un tiempo, el presidente Capellán anunció que habría una serie de baterías fiscales en defensa del sector agroganadero y veremos novedades en los próximos meses. 

En el sector del vino, ¿hasta cuándo se pueden mantener las ayudas?

Nuestra política económica se fundamenta en tres pilares: reducción de impuestos, simplificación administrativa e incentivos a nuestros sectores. Y en esta legislatura hemos ayudado a muchos sectores, además del vino. Nos reunimos con ellos, escuchamos su problemáticas y establecemos las ayudas. En los últimos meses, apreciamos síntomas de mejoría en el sector del vino; las ventas han empezado a repuntar y las medidas de destilación y cosecha en verde han permitido reducir las existencias, acercándonos al punto de equilibrio. Las ayudas han dado resultado y para el futuro, tanto en el vino como en el resto de sectores, si vemos que lo que hacemos funciona, seguiremos con ellas.   

¿En qué puesto del ranking fiscal está La Rioja; es posible tener la menor presión fiscal antes de 2027?

En el último ránking disponible, el de la Tax Foundation, La Rioja ha subido algunos puestos en competitividad fiscal. Creo que podemos conseguir ese objetivo en 2027. En Transmisiones Patrimoniales somos muy competitivos, y, desde luego, en Sucesiones y en Patrimonio, porque los hemos eliminado. Tenemos margen en el IRPF, donde habrá más medidas a lo largo de la legislatura.

Ustedes suelen decir que reducir la presión fiscal atrae empresas. En Calahorra y Alfaro se ha desbloqueado el suelo industrial, pero hace falta que lleguen inversiones. ¿Alguna potente en ciernes?

Con el nivel de prudencia, que yo debo respetar, somos optimistas porque hay proyectos en cartera. Desde la legislatura del 2015 al 2019, cuando se puso en marcha la figura del proyecto de interés estratégico regional, con este Gobierno y en estos dos últimos años se han producido más declaraciones que en todo el periplo anterior y veremos más cosas en el futuro. Somos una comunidad friendly para la inversión.

Sobre el papel, el impuesto a los grandes parques de renovables y la ley de medidas provisionales para la protección del paisaje parecen un golpe a las energías limpias.

En absoluto. La Rioja es una de las comunidades que ha conseguido ya los objetivos de la Unión Europea en producción de energía renovable.Hemos superado esos estándares y  queremos seguir apostando por la instalación de energías renovables, pero haciéndolas compatibles con uno de nuestros valores humanos, sociales, culturales y económicos de primer orden, que es el paisaje. Es un valor importantísimo para nuestra economía, para el turismo y la viticultura. El paisaje protege el territorio, la población y la economía. 

El presidente Capellán anunciaba hace poco más de un mes en Fitur que en este trimestre saldría un pliego para atraer aerolíneas interesadas en ofertas vuelos internacionales desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, entre ellos Londres. ¿Cuándo se convocará el concurso?

Se está trabajando para definir las características de ese concurso, en coordinación con las consejerías de Turismo e Infraestructuras y desde Hacienda. Veremos novedades en ese plazo que dijo el presidente. 

¿Podremos volar a destinos internacionales este mismo año?

Los plazos legales para este tipo de concursos son siempre complicados. Lo importante es sacar un buen proyecto y veamos que los vuelos internacionales son una realidad. 

¿Cuánto le costará a las arcas públicas riojanas esa oferta de vuelos?

Es prematuro dar una cifra;estamos definiendo cuestiones técnicas.

Sigue pendiente la respuesta a la petición de más trenes a Madrid por Rioja Baja y con menor duración de viaje. ¿Ha habido respuesta del Gobierno central?

El compromiso del ministro en su visita a La Rioja es que veríamos este nuevo material rodante y las nuevas frecuencias en el primer semestre de 2025. Sabemos que hay nuevo material rodante que el Ministerio ha adquirido, por lo que aún estamos en plazo. Estamos vigilantes y expectantes y esperemos que cumpla con su compromiso.  

En la reunión con Pedro Sánchez en septiembre, el presidente Capellán planteó que el Gobierno central compense a La Rioja por el agravio de los regímenes fiscales vasco y navarro. ¿Algún avance al respecto?

No. Es verdad que en este momento nos encontramos negociando cuestiones financieras importantes con el Ministerio de Hacienda, como la condonación de la deuda y la posible reforma del sistema de financiación autonómica. En ese escenario, sin duda el Gobierno de La Rioja reclamará la activación del artículo 46, que para nosotros es una cuestión de comunidad. Respetamos la existencia de dos comunidades de régimen foral al norte del Ebro, pero eso provoca consecuencias negativas a nuestra economía, que deben ser compensadas. Ahora estamos en un escenario propicio, que es el de la reforma del sistema de financiación autonómico. 

Para la Facultad de Medicina, ¿haría falta una partida económica importante para un nuevo edificio o se puede arrancar con los estudios sin tenerlo construido?

Esto lo decidirá la comisión tripartita que forman las consejerías de Salud y Educación y la Universidad de La Rioja. Es uno de nuestros proyectos más ambiciosos que reportará una gran rentabilidad social a nuestra comunidad. Hay dos procesos en paralelo; el primero es definir la ubicación física de los estudios, pero eso no es lo más importante, sino definir la propuesta pedagógica, que pasa por definir una buena memoria, en la que se trabaja y que se remitirá a la Aneca lo antes posible para que lo apruebe. Se podría empezar en una ubicación profesional. 

El proyecto TechRioja, vinculado al reto de crear en el recinto ferial de Albelda un gran centro tecnológico, ¿será una apuesta 100% pública o con presencia de iniciativa privada?

Tenemos una excelente red de centros tecnológicos, adheridos a cada uno de los sectores económicos más importantes. Pero nos falta poner la guinda, con un gran parque científico-tecnológico. Y tenemos la suerte de tener un sector tecnológico que está en aportación al producto interior bruto y al valor agregado bruto por encima de la media. Sería malo no involucrarlo y por eso lo hacemos de la mano de la asociación Aertic, con la que la trabajamos en una colaboración estrecha para el desarrollo de su centro de investigación en tecnologías del dato. Y trabajamos también en definir el Centro de Industrias del Español, que también estará ubicado en TechRioja.

¿Estarán en el futuro centro tecnológico las dos universidades, la pública y la privada?

Las dos se van a involucrar con diferentes proyectos. Con el Centro de Industrias del Español y con viveros de empresas startups. 

La auditoría del Centro Logístico Intermodal, que gestiona Transportes Royo en El Sequero, detectó irregularidades en el contrato firmado por el Gobierno del PSOE. Ustedes dijeron que negociarían con la empresa para regularizarlo. ¿Lo han hecho?

Es un proceso complejo, porque la auditoria detectó algunas irregularidades en la concesión de la subvención a este proyecto. Queremos seguir apoyando el proyecto empresarial, porque es importante que exista un puerto seco en la Comunidad, pero hay que ajustarlo al marco normativo. No es sencillo, pero estoy seguro de que llegaremos a un buen acuerdo para las dos partes.