El vino de Rioja afronta durante estos meses el proceso de la sexta renovación de los vocales de la Interprofresional, elección que se trasladará de manera automática al Consejo Regulador para conformar el pleno que ha de elegir al presidente para los próximos cuatro años. En el aniversario del Centenario, Fernando Ezquerro, representante de las cooperativas, dejará paso a un miembro del sector comercializador -cuyo nombre aún se desconoce-, materializando así el pacto alcanzado en 2003 entre las dos vertientes de la Denominación, agricultores y bodegas, de irse turnando al frente de los órganos gestores del Rioja.

El proceso, que no es sencillo, exige a productores y comercializadores que acrediten la representación que ostentan -en términos de hectáreas y litros de vino vendidos- para conformar un pleno de 32 vocales, que se repartirán esta vez 12 organizaciones, dos menos que en la anterior renovación, una vez que COAG Navarra (EHNE) no cumple los requisitos mínimos exigidos para optar a la elección y la Asociación de Bodegas Familiares abandonó el Consejo Regulador. 

El sector afronta esta renovación en un momento de  profunda incertidumbre, en uno de los momentos más críticos del centenario, con un descenso mundial del consumo que ha retraído las ventas, un descenso que la agresiva política arancelaria de Donald Trump no hará sino profundizar.

El sector productor se enfrenta al proceso de captación de hectáreas con unos viticultores abatidos que ven pocos más remedios que el arranque, una decisión que, hace tan solo un lustro, parecía un disparate.

Eduardo Pérez, presidente de ARAG-Asaja no, esconde «complicada» situación que atraviesan los viticultores tras cinco campañas sumidas en una elevada complejidad, que las medidas aplicadas no han podido minorar.

Para aliviar los males que aquejan a la viña, asegura que su organización está moviendo todos los resortes ante la administraciones regional y central, además de las instituciones comunitarias -recuerda su reciente viaje a Bruselas, donde se han recogido sus propuestas-  a las que pide que financien la medida que señala como necesaria, el arranque de la viña. «Es una solución dramática, pero consideramos que es la más eficaz y rápida para ajustar el desequilibrio entre oferta y demanda», reflexiona Pérez, que entiende que es la única manera de garantizar la rentabilidad de los viticultores.

La organización, que logró en 2021 reunir 15.864 hectáreas, el 54% de las que tomaron parte, defiende, además del arranque voluntario, el control de la masa vegetal y seguir trabajando en la mejora de la calidad de la uva y el vino.

Respecto al blanco, el otro aspecto que ha centrado en los últimos tiempos el interés del sector, considera necesario «controlar» la evolución mes a mes de las ventas, desde la defensa de la reestructuración de tempranillo a variedades minoritarias tintas o blancas con el objetivo de que no se produzca una reconversión masiva.

Desilusión. Reconoce la «desilusión» en el seno de la viticultura y apunta que parte de la responsabilidad por este estado de ánimo recae en el Consejo Regulador, que ha fallado en la comunicación y no ha sabido implicar a los agricultores en su gestión. «Pedimos a nuestros viticultores que sigan apostando por una organización, fuerte y fiable y que trabaja en las mesas de negociación, que es donde hay que sentarse para llegar a acuerdos», razona el presidente de ARAG-Asaja.

«Mal vamos si hablamos de arrancar», señala Roberto Salinas, vocal de la Unión de Agricultores en el Consejo Regulador, que señala que para su organización, «lejos de ser su medida estrella, es una medida más».

Apunta que parte de la responsabilidad de la «complicada» situación recae en las «malas decisiones» adoptadas por el Consejo, con más plantaciones y rendimientos, «de lo que hemos estado siempre en contra». La Interprofesional, «que tiene que velar por la rentabilidad del sector», tampoco escapa a su crítica, y apuesta por una viticultura de calidad.

«A producción nos gana cualquiera, y aquí tenemos que ir a la calidad, con el ajuste de oferta y demanda», señala Salinas, que reitera uno de los mensajes habituales de la UAGR, el cumplimiento de la ley de la cadena, esto es, no vender ningún producto por debajo de los costes de producción.

Asegura que tras cinco años «de pérdidas», hay agricultores que abandonan la viña y se complica el relevo generacional y apela a que las ayudas lleguen a los pequeños elaboradores.

La UAGR, que espera recoger los apoyos que lograron los navarros de EHNE, coincide en que con el blanco «hay que tener mucho cuidado, porque si plantamos todos, pues va a sobrar».

Néstor Alcolea, secretario general de UPA, que reconoce que el desánimo y la sensación de ruina prevalecen sobre los agricultores , apunta que la reestructuración al blanco se está acometiendo con la aquiescencia del Consejo Regulador, «sin ningún control», con el riesgo «que supone de aquí a dos o tres años».

«Lo vemos con preocupación y nos tememos que, lejos de arreglar el tinto, nos carguemos también el blanco», reflexiona Alcolea, que afronta el proceso de renovación desde la «responsabilidad y con la conciencia tranquila, tras haber mantenido un discurso coherente» en estos cuatro años». Asegura que es la única organización que ha apostado siempre por medidas de mercado, como la cosecha en verde y fueron «los primeros» en defender que el arranque iba a ser una decisión ineludible, «como desgraciadamente, los hechos han demostrado», tras no mejorar las previsiones de venta, basadas en un optimismo infundado.

El responsable de UPA, que considera que es necesario arrancar entre el 20 y el 25% de la viña, confía en crecer, insiste en que  el proceso, actualmente «pernicioso», debe ser secreto -critica en este aspecto a ARAG-Asaja- y aspira a que los agricultores paguen el 25% «que es su peso económico real en el Consejo».

Un proceso complicado

La renovación de la Interprofesional se extiende unos seis meses, y arranca con la invitación a las organizaciones a acreditar su interés y peso, el 1% para los fundadores y el 10% para nuevas entradas. Una vez conocidas las hectáreas, tras un intrincado proceso de depuración, se reparten los votos con los que contarán las 37 cooperativas, que reciben, además, una prima por los litros de vino que comercializan, y sindicatos, hasta un total de 100, que son los mismos de los que dispone el sector comercializador. Son los sindicatos y, en este caso 497 bodegas, quienes deben buscar apoyos a lo largo de abril para lograr la representación en función de las hectáreas que han logrado y de los litros de vino que demuestran vender, multiplicando la cantidad de cada categoría por su valor. Los votos asignados depararán, aplicando la ley D'hont , la cifra específica que le corresponde a cada organización de los 32 miembros del pleno, que elegirá al presidente.