Esta misma semana han comenzado las catas y pruebas para conocer la situación en la que se encuentra el antiguo Palacio de Justicia, ubicado en la calle Bretón de los Herreros, que ha de convertirse en  el emplazamiento central de los servicios del Estado en La Rioja, ahora mismo dispersos por diferentes puntos de Logroño. El objetivo es concluir esta actuación al cierre del ejercicio 2023 para elaborar durante el primer trimestre del año próximo el dictamen sobre su estado y licitar después la redacción del proyecto.

La contratación en diciembre pasado del levantamiento planimétrico y en julio del dictamen sobre el estado actual de la estructura del edificio, sus posibles lesiones y la propuesta de actuaciones a realizar han sido los antecedentes de las pruebas actuales, que han de conducir a la materialización del ansiado proyecto.

Así lo relata la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. que pondera «el buen criterio» de reconversión de los antiguos juzgados en sede de diversos servicios de la Administración General del Estado para lograr cicatrizar la herida que dejó el centro de la ciudad la migración en 2016 del Palacio de Justicia hasta su actual emplazamiento en  Marqués de Murrieta tras permanecer más de seis décadas en el corazón de Logroño.

«Fue una zona que quedó entonces un tanto desangelada», razona Arraiz, que recuerda que la centralización en un único espacio de gran parte de los servicios periféricos del Estado redundará en la mejor atención a los ciudadanos.

Además de esta vocación, subyace también la voluntad de dotar de mayor eficiencia al patrimonio del estado y ahorrar el coste que suponen, entre otros, los alquileres de  Oficina de Extranjería, la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Dirección General de Telecomunicaciones y Demarcación de Carreteras, que asciende, a  día de hoy, a  230.000 euros.

«El objetivo de estas primeras fases es tener todos los pasos previos finalizados al acabar el primer trimestre de 2024», indica la delegada del Gobierno, que apunta que una vez concluidos estos trámites iniciales, se continuará con la licitación de la redacción del proyecto y  su adjudicación. Será entonces, apunta, cuando se decida cómo se materializa la actuación, si se saca a concurso o la ejecuta una empresa pública.

En 2027. Según la planificación del proyecto, la previsión es que el proyecto esté listo en 2024 para comenzar la actuación el siguiente ejercicio con la intención de la que las obras de rehabilitación integral del edificio finalicen a finales de 2026.

«Mantenemos la idea de tener el edifico concluido en esa fecha o a principios de 2027», explica la delegada del Gobierno, que recuerda  la necesidad de acometer pasos previstos «que nadie ve, pero que son cruciales». 

De momento, en enero de este año se tramitaron las licencias correspondientes con el Ayuntamiento, que ha confirmado que la actuación en este edificio no ha de pasar el examen de la Comisión de Patrimonio al carecer de protección. A la par se están llevando a cabo reuniones para  concretar la ocupación de los diferentes espacios del edificio, clave para contratar el proyecto de rehabilitación de la antigua sede judicial, con el fin de que las instalaciones se adecuen a las necesidades previstas.

Además que los servicios dispersos, los viejos tribunales acogerán también algunos que actualmente se prestan en la Delegación del Gobierno y de Hacienda, cuyas dependencias se ubican en el inmueble vecino en la calle María Zambrano [anteriormente Víctor Pradera].

«Se está trabajando entre los diferentes servicios para ajustar la disposición del personal», relata Beatriz Arraiz, que cuenta que también podría plantarse una reubicación de algunas dependencias y cambiar de emplazamiento áreas como Inspección de Trabajo, el SEPE o comercio exterior. «Estamos estudiando cómo centralizar servicios diseminados en un edificio que se rehabilitará con los nuevos parámetros de sostenibilidad», relata la delegada del Gobierno en La Rioja, que apunta que el objetivo es ocupar el inmueble a mediados de 2027, dado que son varios los organismos implicados y es probable que la incorporación se realice de manera escalonada.