El II Barómetro de la Vivienda Planeta Propietario, que hizo el martes público el Grupo Mutua Propietario y en el que analiza las principales preocupaciones de los ciudadanos con respecto a la vivienda, destaca que la ocupación ilegal ha pasado a liderar el ranking frente a la evolución de los gastos del hogar, que el año pasado se encontraban en primera posición.
La Rioja no permanece ajena a esta tendencia nacional y, aunque de manera muy leve, la ocupación genera más preocupación que los gastos del hogar -energía o seguro-el precio del alquiler o el coste de la hipoteca, un desasosiego que puede obedecer a un aumento de los casos, que se han multiplicado por 16 desde el año 2017.
El desmantelamiento el pasado noviembre, por parte de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Lardero, de un sofisticado laboratorio de cultivo intensivo de marihuana indoor, instalado en el interior de una vivienda que había sido ocupada ilegalmente un año antes por un joven de 20 años, es el último hecho conocido de un delito que también evoluciona al alza en el conjunto del país.
En esta comunidad fueron 65 los casos de usurpación y allanamiento de inmuebles, denominación legal de la okupación, que registra el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, alcanzado la mayor cifra de la historia. Esta actividad delictiva muestra un incremento constante desde 2017, primer ejercicio del que se ofrece información, cuando fueron cuatro. La progresión no fue significativa hasta 2020 -en dicho ejercicio se produjeron 14- para ir incrementándose año tras año:fueron 41 en 2021, 45 al año siguiente,alcanzaron las 52 en 2023, para subir hasta 65 ocupaciones el año pasado y arrojar un incremento del 25%.
El Portal, que computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales, informa también de los hechos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron capaces de esclarecer, que también presentan una tendencia ascendente;fueron 43 en 2024, diez más que un año antes, mientras que en 2022 se resolvieron 21.
En el caso de los detenidos e investigados por allanamiento o usurpación fue el año pasado en el que se registró, igualmente, la cifra más elevada, 26, frente a los 15 de 2023, cuando habían sido 21.
El Ministerio de Interior facilita también información sobre la vicitimización, que aumenta a igual ritmo que las ocupaciones para pasar de las tres de 2017 a las 64 del año pasado;fueron 47 en 2023;46 en 2022;mientras se contabilizaron 38 hace cuatro años.
Actividad judicial. Los procedimientos judiciales han experimentado también un avance, pero a un ritmo muy inferior que el de las okupaciones, una divergencia que se replica en todos los territorios del país.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año 2024 -últimos datos que refiere- los Juzgados de Primera Instancia ingresaron un total de 1.782 procedimientos -el año pasado se contabilizaron más de 16.000 delitos de allanamiento y usurpación-, de los que fueron cinco en esta comunidad.
En 2023 sumaron 18, frente a los 14 de 2022, ejercicio en el que La Rioja registró el segundo crecimiento interanual más elevado, del 28,6%, frente un descenso del 18,8% en el conjunto nacional.
El crecimiento de los procedimientos judiciales convirtió a esta comunidad en una de las que contabilizan un mayor número de ocupaciones por cada 100.000 habitantes, 5,6%, solo inferior a los dos archipiélagos, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y al igual que Cataluña.
Según consta en el Portal Estadístico de Criminalidad, el año pasado se contabilizaron 16.426 okupaciones, frente a los 15.289 de 2023, lo que arroja un alza interanual del 7,4%. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica que arrancó en 2010, solo superada por las registradas en 2021 (17.274) y 2022 (16.765), y de la vuelta a la tendencia al alza tras dos años consecutivos de descensos. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total, y contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas, Madrid y Andalucía.