Cualquier gobernante sensato que se plantee atajar o, cuando menos, minimizar un problema, lo primero que debe hacer es mirar las armas con las que cuenta, además del Boletín Oficial. Pedro Sánchez no sé si lo ha hecho, pero nos ha contado que los recursos de los que disponía el Estado eran más bien escasos e ineficaces para construir los cientos de miles de viviendas que él fue prometiendo mitin tras mitin y, que digo yo, alguna le tocaría a Logroño.
Y por eso ha creado una nueva empresa pública a la que traspasará, entre otras cosas, los suelos propiedad de la SAREB. Haciendo memoria, la SAREB (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria y más conocida como Banco Malo), con capital mayoritariamente público, se creó para liberar a los bancos de suelos y viviendas sin salida en el mercado y que los promotores habían dejado de pagar, tras la crisis de 2008.
Por si no lo recuerdan, este rescate o reestructuración bancaria diseñada por el gobierno de Rajoy, nos lleva costando a los españoles 71.833 millones de euros, según datos del Tribunal de Cuentas a fecha 1 de enero de 2022. Si nos centramos en Logroño, la SAREB se quedó con una buena cantidad de solares, en diversas zonas de la ciudad, generalmente de expansión (y también en los municipios cercanos a la capital) a los que ha ido dando salida, una vez que el mercado de la vivienda ha vuelto ser rentable.
Hoy, la mayoría de esos solares han sido revendidos a nuevos promotores o, incluso, a los mismos que dejaron el pufo que hemos pagado entre todos y que obligó a pequeñas empresas y gremios a cerrar al no poder cobrar su trabajo y a algunos adquirientes a sufrir meses de tortura para obtener su vivienda o para poder recuperar el dinero desembolsado. Premiar, desde lo público, a incumplidores de tal calaña, que tan solo han mudado de nombre comercial y de empresa, sin hacer frente a sus deudas es algo que difícilmente puedo comprender y mucho menos aceptar. No estaría de más conocer los términos de estas ventas.
Pero yendo a lo concreto: si la SAREB hubiese dedicado esos suelos a la construcción de viviendas protegidas (o, al menos, un buen porcentaje) habría habido en Logroño una oferta no menor de 1.500 unidades a precios más que asequibles, repartidas por avenida de Burgos, entorno del Parque de San Miguel, Cascajos, zona sur y otros barrios, pero la realidad es que estos pisos rondan ya los 3.000 euros por m2, no existe oferta de alquiler y el número de viviendas protegidas es cero. Cierto es que aún hay precios que se sostienen en cantidades razonables, pero sin oferta de VPO muchos jóvenes tendrán imposible su emancipación. Las intenciones de Pedro Sánchez parecen ir por buen camino, pero me temo que llega tarde.
Por otra parte, no conviene olvidar que el mercado tiene otros agentes con gran capacidad para intervenir en favor de la vivienda protegida: el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. De hecho, las competencias en materia urbanística residen en estas dos administraciones que, por el momento, siguen con la misma parálisis que en los años precedentes. Y no porque no tengan ejemplos donde mirarse.
El gobierno de Manolo Sainz, con un eficaz José Antonio Ulecia al mando del urbanismo municipal y con Javier Martínez Laorden de arquitecto jefe, fueron pioneros en tres cuestiones clave: redactar y, cuando hizo falta, actualizar y modificar el plan general de 1985 y su programa de actuación; crear un sólido patrimonio municipal del suelo; y apostar por la vivienda protegida, que, además, sería construida por promotores, por cooperativas y por el IRVI.
Tres cuestiones en las que tanto el gobierno de José Luis Bermejo, como el que yo me honré en presidir, siempre creímos, desarrollamos y llevamos a cabo, con resultados que hoy parecerían inalcanzables. En Logroño, las viviendas protegidas construidas en ese periodo se cuentan por miles. Son ideas válidas treinta años después. El momento actual es delicado y veremos a ver qué pasa porque, de momento, no pasa nada.