Comisiones Obreras ha denunciado el impago de nóminas y atrasos a las personas trabajadoras de depuradoras y potabilizadoras. Una situación, ha dicho, que afecta a ochenta personas.

En nota de prensa, ha relatado cómo la empresa DAM Depuración de Aguas del Mediterráneo, adjudicataria hasta el 8 de mayo de la gestión de las depuradoras de Logroño y Calahorra y la potabilizadora de Viguera, se encuentra en concurso de acreedores y lleva meses acusando una falta de pagos a las empresas de suministros, falta de recursos económicos y de material de trabajo".

La empresa, ha dicho, debe a las personas trabajadoras la nómina correspondiente al mes de abril, la primera semana de mayo, la paga extra y atrasos de 2023, lo que ascienden a unos 3.500 euros por persona de media, informa Europa Press.

Una situación, ha relatado, que afecta a más de ochenta trabajadores y trabajadoras. Ha añadido que, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO La Rioja, ya habían avisado al Consorcio de Aguas a mediados de abril de la posibilidad de que las personas trabajadoras no cobraran las nóminas del mes.

CCOO ha señalado cómo lleva advirtiendo desde hace dos años al Consorcio de Aguas de que la reducción económica en la licitación podía poner en riesgo la calidad del servicio y el incumplimiento sistemático de las condiciones del pliego público.

"Trasladamos, también, el riesgo que la gestión de esta empresa podía suponer, tanto para las personas trabajadoras como para el propio servicio", ha añadido.

Tras ser "varias las alertas dadas por CCOO en relación a esta situación sin que nuestras demandas hayan sido escuchadas o atendidas" desde el sindicato se denuncia la "inacción de Consorcio de Aguas frente a la mala gestión de esta empresa en el cumplimiento de su responsabilidad como gestora del agua y con las personas trabajadoras".

Ha puesto el acento en que la gestión del agua es un servicio esencial y una mala gestión pone en peligro la salud pública de las localidades afectadas.

Ha reclamado "una solución inmediata a esta situación, que aboca a las personas trabajadoras a esperar una solución mediante vía judicial, la cual alarga los plazos de cobro y deja a muchas personas en una situación salarial precaria".