La inversión en obra pública alcanzó el año pasado cifras récord en La Rioja -al menos la mayor cuantía en los últimos 30 años- y rozó los 300 millones de euros. En concreto, fueron 413 obras las que se sacaron a contratación por una cuantía global de 297,2 millones de euros, 101,5 millones más y un 34,5% que los 195,7 del ejercicio precedente. No obstante, este aluvión de millones no se ha visto traducido-al menos de momento- en una inyección real de fondos públicos, pues únicamente se adjudicaron un 25% del total de obras previstas -55-, por una cuanta global de 121,1 millones de euros, el 40% de lo presupuestado, un porcentaje muy inferior a 2023, cuando la suma adjudicada fue mayor, 149,3 millones, el 76%.
La información de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan), que incluye datos al cierre del año, constata que el Gobierno regional recuperó ritmo inversor y licitó 83 obras por un total de 148,5 millones de euros, la segunda cifra más elevada desde 2007, solo inferior a los 153 de 2020. Sin embargo, solo logró adjudicar 47,6 millones, esto es, un escaso 32%. El capítulo más destacado fue el de obras de abastecimiento y colectores, ámbito para el que el Consorcio de aguas y residuos consignó 64,6 millones, de los que 15,9 millones eran para la planta de selección y clasificación de envases en el Ecoparque, que se ha adjudicado en enero de este año. Los otros 48,7 millones tienen como fin la realización de tres obras de redes de abastecimiento y colectores. No obstante, la gran porción del pastel, 46, 2 millones, son para el Sistema Cidacos, que está pendiente de adjudicar.
También en carreteras ha llevada a cabo una destacada actuación licitadora, con 26.8 millones, -el ensanche y mejora de la carretera LR-250. Tramo Jalón de Cameros a Laguna de Cameros se licitó por 8,3 millones-, y ha adjudicado actuaciones como la construcción del carril ciclopeatonal de conexión de Lardero con Alberite.
En obras docentes se han producido licitaciones por 13,7 millones -entre ellos la tercera fase de la reforma de la envolvente del D'Elhuyar por tres millones- mientras Agricultura adjudicó el nuevo laboratorio regional en La Grajera por 18,1 millones o por 8 millones para la Estación Enológica de Haro.
En el caso del Estado, ha rebajado la cifra licitada respecto al año pasado, de 105 ha pasado a 94 millones, de los que la mitad, 45,2, lo fueron para actuaciones como la zona regable de la margen derecha del Najerilla en Cenicero por 6,7 millones o 22,2 millones€ para el tramo II de la margen izquierda. En el ámbito de infraestructuras ferroviarias, ADIF licitó por 23,8 millones el despliegue de los sistemas y equipos de señalización de la variante de Rincón de Soto.
El Estado logró adjudicar 56,2 millones, cerca del 60% de lo previsto, casi el doble que lo logrado por los ayuntamientos, que se quedaron en 32 obras. Sacaron a contratación 537 obras por 116 millones, de los que adjudicaron 17,3 millones, con una baja del 9,4%, superior al Gobierno regional, del 6,3% y el central, 8,5%.
Mano a mano ocn el Gobierno. Satisfacción. Ese es el sentimiento dominante en el seno de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), que considera que la «importante» cifra -entre las más elevadas de la historia- obedece a dos factores, al hecho de que «por fin» se está licitando mucha obra pública asentada financieramente en los fondos Next Generation y al esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno de La Rioja. Esas son las razones que aporta Juan Ramón Liébana, secretario general de CPAR, que valora la gestión del Ejecutivo regional, una dinámica que arrancó con la llegada del nuevo equipo popular y que se materializó el año pasado.
El representante de los constructores da «la bienvenida» a este impulso inversor «porque si algo necesita La Rioja son infraestructura», que suponen un impulso, tanto a la competitividad empresarial como regional, además de intensificar el bienestar ciudadano. «Es por ello que estamos contentos por el cambio de orientación en la obra pública», señala Liébana que, consciente del bajo tono de la baja adjudicación, explica que esta situación responde a la complejidad que entraña la adjudicación de los contratos provenientes de fondos Next Generation, de donde proceden sustanciosas partidas. Al respecto, informa de que se encuentran trabajando «de la mano del Gobierno», cuya buena voluntad «les consta», en la aplicación de mecanismos que rebajen los niveles de burocratización y trámites administrativos con la finalidad de agilizar los procedimientos, incluida la contratación pública, porque desde la licitación a la adjudicación transcurre, en algunos casos, un largo periodo de tiempo.
Asegura que, conjuntamente, trabajan para lograr que las adjudicaciones se materialicen en un fecha lo más cercana posible a las licitaciones, un objetivo que también persigue la propia administración, «que tiene necesidad de las obras, que se dilatan más de lo preciso».