El Parlamento Europeo ha aprobado finalmente el pacto migratorio que endurece las condiciones para la obtención del asilo en la Unión Europea, al tiempo que facilita la expulsión de quienes no obtengan el permiso para quedarse, mientras que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una regularización masiva de los inmigrantes que viven en nuestro país desde antes de 2021. Son dos formas de abordar los movimientos migratorios, una mira hacia el futuro para impedir la llegada de más inmigrantes y otra hacia el pasado para que quienes ya están en España se conviertan en ciudadanos de pleno derecho.
Ambas propuestas sobre el tratamiento de la inmigración se han hecho con la vista puesta en soslayar la presión de los partidos de la extrema derecha que han hecho de este asunto el eje principal de sus propuestas políticas para arrebatarles esa bandera, aunque asumiendo algunos de sus presupuestos, lo que redunda en un perjuicio y en una limitación de los derechos humanos de quienes buscan escapar de situaciones de conflicto, de la persecución por distintos motivos, de desastres naturales y también, es evidente, huyendo de la pobreza. La falacia de relacionar inmigración y delincuencia funciona en el imaginario colectivo impulsada por los partidos de extrema derecha guardianes además de las esencias nacionales, pero es desmentida por los datos sobre su afectación a la seguridad ciudadana.
El pacto migratorio, recibido con alivio por la mayoría de los gobiernos europeos, que lo consideran un buen instrumento para poner puertas al campo, establece que los países más recalcitrantes a recibir inmigrantes podrán pagar, en situaciones de crisis como las que se han vivido en Grecia, Italia o España, para librarse de la cuota de acogida que les correspondiera, a 20.000 euros por persona. Europa se esfuerza por subir los muros de su perímetro y lo mismo subcontrata la seguridad de sus fronteras a un alto precio económico y ético que dificulta la vida de los inmigrantes que ya viven en sus territorios en otro ejercicio de doble moral porque su presencia es imprescindible para el funcionamiento económico cuando el envejecimiento de la población de la mayoría de los países es un hecho.
En estas circunstancias los procesos de regulación masiva son un instrumento para reconocer la realidad social y económica de un país, pese a que la Unión Europea no ve con buenos ojos esas prácticas. La ILP impulsada por la sociedad civil española de forma transversal, desde las organizaciones de la Iglesia Católica a las ONG más implicadas en la defensa de los inmigrantes y refugiados y apoyada por todos los partidos excepto Vox, servirá, si finalmente se aprueba para sacar de la economía sumergida y del ostracismo social a centenares de miles de personas. Aunque solo sea por egoísmo, es preciso recordar que el anterior proceso de regulación llevado a cabo pro el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo efectos beneficiosos para la economía española, con esos ciudadanos pertrechados de derechos y obligaciones para encarar un proyecto vital en nuestro país sin temor a ser expulsados o explotados. Una vez iniciado el debate parlamentario se trata ahora de que no languidezca y de que los partidos conservadores mantengan el mismo sentido del voto y no se dejen arrastrar por la demagogia populista de Vox.