El Presidente -Raúl López Negueruela- y la Junta Directiva de la Federación Riojana de Atletismo (FRA) convocaron ayer por la tarde, a las 19.30h en primera convocatoria, una Asamblea Extraordinaria por causas urgente de la FRA con una duración aproximada de dos horas en la que se procedía a exponer, entre otras cosas, el crítico estado actual de las cuentas de la FRA, así como el análisis de la viabilidad financiera de las próximas actividades. Tras esto, una serie de propuestas y resoluciones de la Junta Directiva y el pertinente turno de ruegos y preguntas, la Asamblea Extraordinaria iba a teminar con una tajante decisión tras dos horas de tensión: "Dicho todo esto, esta mañana hemos solicitado la intervención de urgencia de los servicios jurídicos de la Dirección General de Deportes del Gobierno de La Rioja , así como también hemos presentado la dimisión de nuestra junta directiva a fecha de mañana (por hoy), miércoles 6 de noviembre", terminó la sesión María Miranda, hasta ayer secretaria de la Federación Riojana de Atletismo, según han explicado las fuentes consultadas por este diario.
Fue una sesión plagada de tensión. La que desde el pasado 22 de julio había sido la Junta Directiva dirigida por Raúl López achacaba el "caos insostenible" que son las cuentas de la Federación de Atletismo. Defendían que dada la escasa existencia de fondos, no se veían capaces de comenzar este próximo año 2025 ni de elaborar un calendario de competiciones óptimo para la comunidad.
También achacaron que esta débil situación económica era heredada, de tal manera que se preveía una deuda que podía elevarse hasta los 56.000 euros por una mala previsión de la anterior junta gestora, que se elaboró de manera interina para la sustitución de Carlos Mir. Ahora mismo, la situación es tan grave, que detallaron que a 31 de octubre, la FRA solo contaba con aproximadamente 1.600 euros en su cuenta, de ahí la imposibilidad de abonar las dos últimas nóminas a los trabajadores de la FRA, el sueldo de la nueva directora técnica y el finiquito de la anterior. Alfonso Castiella, presente en la reunión y miembro de dicha junta gestora, se defendió, detallando que "habían dejado muy poca deuda más allá de un viaje en autobús y el pago de subvenciones a los clubes riojanos".
Se cumplen hoy siete días además desde que se conoció el dinero que el Gobierno de La Rioja iba a destinar a las Federaciones Riojanas deportivas. Así, se dio a conocer que a la Federación Riojana de Atletismo le corresponden 73.169 euros, de los cuales cerca de 50.000 llegarían en los próximos días, comentado previamente con un "firme compromiso" con la Dirección General de Deportes del Ejecutivo, en un primer pago que se vería adelantado a este mes de octubre o principios de noviembre, complementado con otro pago que rondase los 23.200 euros a finales de este año o, a más tardar, en enero de 2025.
No obstante, la junta directiva formada por Raúl López como presidente, Daniel Carracedo como vicepresidente, María Miranda (secretaria) y los vocales Sergio Tejada, Gustavo Santos y Hugo González se desvincula de la FRA a causa de la crítica economía de la organización, quedando así como 'balance' de única medida aplicada la decisión de un recargo de 150 euros a los atletas con licencia riojana que estuviesen compitiendo con un club de fuera de las fronteras de La Rioja, así como también se adeuda el abono de las nóminas a la secretaria de la FRA, la nueva directora técnica y la antigua en su puesto, debiéndole a esta última también el finiquito correspondiente.
Ante esta situación, y a menos de dos meses para que finalice la temporada 2024, el atletismo riojano vive una de las situaciones más críticas de su historia. El próximo 11 de noviembre comenzará el plazo de renovación de licencias para clubes, entrenadores y monitores, y el 26 de noviembre para atletas, jueces y representantes. Con la competición en el aire, la incertidumbre se agrava en los distintos estamentos de la federación a pocos días de renovar sus licencias para la nueva temporada, explicó Correr en La Rioja. Ahora se abre un plazo de 10 días hábiles para convocar una Asamblea General Extraordinaria donde se debe elegir un nuevo presidente hasta final de legislatura en 2028. De lo contrario, la gestión quedará en manos de la Dirección General de Deprotes del Gobierno de La Rioja.