Al igual que ocurre con el sistema de pensiones, el envejecimiento poblacional y la próxima incorporación como jubilados de la numerosísima generación baby boomer (los nacidos entre 1946 y 1964) pone a las residencias de mayores y centros de día ante un reto colosal. En La Rioja hay 3.917  plazas residenciales, 1.614 de ellas públicas y las 2.303 restantes, privadas. Gabriel Gimeno, presidente de la Asociación Riojana de Residencias de la Tercera Edad (ARTE), que agrupa a empresas que suman en torno a un millar de esas plazas, explica las dificultades del sector y los desafíos futuros.

Hace casi un mes, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, surgían voces que reivindicaban más personal en las residentes para atender a los usuarios. ¿Los ratios trabajador/residente son el principal problema en el sector?

Ahora mismo hay un borrador de normativa (del Gobierno de La Rioja), que precisamente quieren aumentar esos ratios de personal. Evidentemente, cuanto más personal se tenga, mejor se cuida al mayor. Y ese borrador lo mejora ostensiblemente, sobre todo en cuanto al personal de atención directa. Los ratios en La Rioja no son muy diferentes a los de otras comunidades. La reivindicación es legítima y nosotros siempre hemos entendido que en la calidad del servicio está el ratio, pero que tiene un coste económico que hay que asumir, tanto en plazas públicas como privadas. De una plaza, casi el 70 por ciento es el coste de personal. 

¿Qué ratio hay ahora y a cuál se aspira a llegar con esa nueva normativa?

Ahora el borrador está en exposición pública, aunque pensamos que eso es lo que va a salir adelante. La obligación legal que tenemos ahora en cuanto a personal gerocultor es de un ratio de 0,25, es decir, tenemos que tener prácticamente un trabajador por cada cuatro usuarios. Ese ratio sube a 0,28 jornadas por usuario en las plazas concertadas por aplicación del acuerdo marco (con la Administración regional) y se plantea elevarlo a 0,31 en el nuevo borrador.

Pero desde asociaciones sindicales y de pensionistas se suele denunciar que ese ratio es menor, incluso se ha hablado de algunas residencias con un trabajador para 15 o 20 usuarios.  

Hay muchas cuestiones, como esta, que salen a la prensa de forma ligera, con datos sin corroborar. Ese ratio del 0,25 es el que todas las residencias están cumpliendo en estos momentos, porque es lo que acreditan las actas de inspección, que nos visitan dos veces al año. Y todo los finales de mes tenemos que informar de los trabajadores que tenemos dados de alta y el número de usuarios y contrastar una cifra con la otra, con  lo cual es imposible que tengamos un solo trabajador por cada 20 usuarios; en números redondos, tenemos uno por cuatro. Ese dato de 20 usuarios por trabajador es imposible, porque por ejemplo una residencia con 80 mayores tendría cuatro gerocultores y evidentemente tienen muchos más. 

¿Y ese ratio es similar en las privadas y en las dos públicas que hay?

Es el mismo, porque la normativa vincula tanto a las públicas como a las privadas. En el sistema hay plazas puramente privadas, públicas y concertadas. Se da el caso de que en las plazas concertadas, que están en lo que se llama el acuerdo marco, tienen ratios mejorados con respecto a la normativa general. 

Al aumentar el número de trabajadores por usuario con el nuevo ratio, ¿aumentarán también los precios de las plazas en las residencias?

El segundo acuerdo marco vencerá en marzo o abril y creo que se quiere hacer coincidir la nueva normativa de ratios con un tercer acuerdo marco, que lógicamente tendrá que ir mejorado económicamente en base a un estudio en el que la exigencia de personal será mayor. Al necesitarse más personal tiene que haber un mayor coste por plaza. Cada empresa verá en qué medida tiene que trasladar el precio por plaza privada al usuario. Ahora la casuística de plazas es amplia; hay residencias que las están comercializando a 1.600 o 1.800 euros y otras que llegan a 3.000. Con la nueva exigencia de personal, cada una tendrá que ver si lo adapta o no.    

En La Rioja, la pensión media de jubilación ronda los 1.400 euros. Con esos ingresos, parece complicado pagar una plaza privada.

Una plaza privada, desde luego. Por eso, la tensión está más en lo público, en el sistema de Dependencia, que crea el derecho a una plaza pública. La Administración tiene más demanda y desde 2016 hasta ahora prácticamente se ha duplicado el número de peticiones de plazas. En 2016 hubo 662 solicitudes y en 2023 eran 1.103 y en 2024 está subiendo. Cada vez hay mayor incorporación de usuarios al sistema público de residencias, que además se verá incrementado en los próximos años con las personas nacidas en el baby boom, y eso exigirá mayor cobertura de plazas por parte de la Administración y dotación económica. 

¿La solución estará en que la Administración construya más residencias públicas o que concierte más plazas con las privadas?

El modelo de construcción de residencias requiere una planificación a largo plazo, porque las que se planifican ahora las tendremos dentro de cinco años. Y las que no se hayan construido ahora, tanto públicas como privadas, lamentaremos su falta dentro de cinco o seis años, cuando no haya plazas. Desde la asociación entendemos que es mucho más ágil el concierto de plazas y no se pierde en calidad, porque el sistema de inspección es el mismo para una plaza pública que para una privada o concertada. Y el convenio colectivo de los trabajadores es el mismo. No existe una razón objetiva más allá de cuestiones ideológicas o de oportunidad política para construir residencias públicas, pero ambos sistemas son perfectamente compatibles, que también lo defendemos. De hecho,   es tal la demanda que habrá en los próximos diez años que difícilmente ni uno ni otro pueden abastecer. 

O sea, ¿estamos en un momento clave para planificar más plazas ante el aluvión de los baby boomer?

Sin lugar a dudas, es un momento clave y crítico. Porque, en general, no hablo solo de La Rioja, no hay plazas residenciales suficientes; y lo que es más grave todavía, no tenemos personal suficiente para atender el incremento de ratios. El trabajo en residencias es penoso y en el mercado laboral hay otras alternativas de trabajo, por lo que nos las vemos y nos las deseamos para encontrar personal formado. En La Rioja además se da el efecto frontera, porque en las provincias limítrofes los convenios colectivos son bastante más altos. A estas circunstancias hay que añadirle la incorporación de los baby boomer de forma masiva. Esta es la situación; y habrá que acometerla de forma conjunta por parte de empresas, Administración y sindicatos, incorporando más personas, haciendo atractivo al sector y viendo por qué política se apuesta, si por residencias públicas o por acuerdos con las empresas y en qué condiciones. Y en eso estamos desde hace tres años.

Ya sea con más residencias públicas o mediante concierto con las empresas privadas, ¿harían falta más plazas ante ese incremento previsto de la demanda de usuarios?

Sí. Ahora hay plazas vacantes (en las privadas), pero para una economía doméstica acceder a una plaza privada la mayoría de las veces es difícil. Con lo cual, la tensión está en las plazas públicas más que en las privadas. Hay alguna residencia con hasta tres y cuatro años de lista de espera en plazas públicas o concertadas. Como no puede ser de otra manera, la gente se escandaliza cuando aparecen noticias del número de personas que fallecen en lista de espera desde que solicitan plazas con el recurso de la Dependencia. Es cierto que cuando no hay plazas disponibles, está la prestación vinculada al servicio, unos 800 euros que se da (la Administración) a solicitantes a los que se les concede plaza, para que puedan acceder a la residencia que quieran, lo que palía en parte esa dificultad económica para ir a una privada.    

De vez en cuando surgen noticias, en distintas regiones, de casos de maltrato a mayores en alguna residencia. ¿Eso daña la imagen del sector?

Seguro que habrá excepciones, pero nosotros no tenemos nada que ocultar y por eso desde la asociación insistimos mucho en la transparencia. Quien crea que en las residencias se da mal de comer o que se hace mal la limpieza, la dispensación de medicamentos o el mantenimiento de las instalaciones, que nos lo diga. No diré que todos somos buenos, los hay mejores y peores, y es el usuario el que elige. ¿Por qué hay residencias que tienen dos meses de espera y otras que tienen muchos más? 

Si como dice, todas las residencias en La Rioja cumplen el ratio de personal por usuario, ¿por qué eliminó el Gobierno regional la penalización económica a las que incumplieran?

Quizás no he matizado lo suficiente. Los ratios de gerocultores, de personal de atención directa, no se incumplen y ahí están los datos de la inspección. El famoso decreto de exoneración de penalidades viene prácticamente en exclusiva por el personal sanitario, del que hay carencia en las residencias y también en el sistema público de salud. Quizás no hemos sabido explicar que la normativa de los contratos de plazas concertadas dice que habrá penalizaciones por incumplimiento de ratios, siempre que la causa no sea imputable al contratista. Y hemos mantenido que esta situación no es imputable a nosotros, que queremos tener personal sanitario, pero no podemos, aunque paguemos más. Una enfermera en una residencia no gana puntos para luego poder concursar, mientras que en el sistema público sí. Y una enfermera  o un médico que se nos marcha a Viana o a las residencias cercanas de Álava cobran más que aquí.  Y tampoco hemos sabido explicar que las empresas devuelven el salario de enfermeras o médicos que se han ahorrado porque no los tienen o tienen menos. 

El Gobierno regional dijo cuando eliminó esas sanciones que de no hacerlo,  habría residencias en riesgo. ¿Afrontar esas penalizaciones habría provocado cierres?

Las empresas  no vienen con su cuenta de resultados para decirnos lo que ganan o no, pero había situaciones en las que las penalizaciones se prolongaban durante año y medio o dos años. De hecho, hay una empresa que se salió del acuerdo marco y a la que la Consejería sancionó por ello, porque no podía aguantar penalizaciones tan gravosas. 

¿Las dificultades para llegar a los ratios de personal por usuario es el problema más grave para el sector?

El problema más importante es la dificultad para encontrar personal. Es un sector que ha dejado de ser atractivo y para el personal que nosotros tenemos, con una cualificación básica, una residencia o un centro de día no es su primera opción. Hay que mejorar salarios, jornadas y conciliación para hacerlo atractivo.  El convenio colectivo está vencido desde 2020 y estamos en continuas negociaciones.Pero esta es una cuestión de financiación;o se llega a una financiación suficiente por parte de la Administración o el recorrido para mejorar esas condiciones es limitado.

Es decir, ¿si la Administración no aumenta el precio que les paga por concertar plazas, no será asumible contratar más personal? 

El segundo acuerdo marco que tenemos ahora está hecho con un estudio económico de 2020 y no contempla que nuestro convenio colectivo ha subido en este tiempo más de un 16 por ciento por el IPC. Nosotros damos atención 24 horas al día siete días a la semana y tenemos auténticos problemas de personal formado. La solución pasa por tener más módulos de Formación Profesional, y este año ya se han dado algunos pasos, y por hacer atractivo el sector.

Las residencias sufrieron de manera especial la pandemia de covid.  ¿Se ha aprendido de lo ocurrido?

Creo que sí. Se aprendió que hay que hacer realidad el modelo de atención centrada en la persona, que no necesariamente significa hacer residencias pequeñas, de manera que cada ususario tenga un grupo y cuidadores de referencia. Hay residencias nuevas que son grandes pero están concebidas con esa modelo de atención a la persona. Y está la cuestión de la coordinación socio-sanitaria, porque nosotros cuidamos y curamos, pero no está en nuestra labor ser minihospitales. Debe haber una cooperación socio-sanitaria. 

¿Y no existe esa coordinación? El Gobierno riojano anunció un proyecto piloto con unidades de soporte desde Atención Primaria.

Ese modelo nos parece válido. Se empezó como proyecto piloto y se iba a extender y había distintas acciones para tratar de evitar los desplazamientos, porque cuando a un usuario se le saca de una residencia para llevarle al San Pedro se desorienta y pega un bajón. Nosotros tenemos que ofrecer un hogar, pero una persona por entrar en una residencia no deja de tener una tarjeta sanitaria para que se le atienda lo mismo que si estuviera en su casa. Nosotros no curamos, tendrán que venir, como se hace con hospitalización a domicilio, y cuando no quede más remedio, llevarlo al San Pedro. 

¿Qué otros retos hay pendientes?

Habría que pensar en incorporar más recursos al sistema de Dependencia ahora que se patrocina que los usuarios aguanten más en sus casas. Están los centros de día, pero hay otros recursos en el sistema de Dependencia, como el servicio de promoción de autonomía personal, que lo tiene que pagar el usuario, o la psicogeriatría.

¿El modelo de residencia a seguir es el que se proyecta en Torrecilla, de tamaño pequeño, con unidades de convivencia y espacios comunes?

El modelo a seguir sí, pero podríamos comentar que esa residencia está en presupuesto en 10 millones de euros para 30 plazas, más lo que cueste el servicio. A la hora de pensar en los modelos hay que pensar también en si son viables o no. Más que en el tamaño de las residencias hay que pensar en cómo están organizados y qué servicios ofrecen. Y en las que se están construyendo, este modelo de atención centrada en la persona se da en una de 160 plazas y en otra de 40. No se puede demonizar a las residencias grandes. 

¿Hay proyectos de nuevas residencias de sus asociados?

No. De todas formas, creo que en La Rioja el ratio de oferta de plazas es inferior a la media nacional, por lo que cabrían más. 

Con lo cual, ¿sería deseable que se construyeran más?

En este momento el problema que tenemos es la falta de personal. La incorporación de dos residencias nuevas que están en construcción supone una mayor presión para el resto. Eso sí, las residencias que no se hayan construido hoy lo lamentaremos dentro de diez años, porque harán falta. La Administración tiene que saber qué sector quiere y las empresas debemos hacerlo atractivo para los trabajadores.