Los nuevos estatutos de la Universidad de La Rioja, aún en fase de borrador, necesarios para sentar la base normativa de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), llegan al arco parlamentario sin ni siquiera haber adoptado la forma y el contenido definitivos.  Será el Grupo Socialista quien trasladará el próximo jueves una pregunta oral en sesión plenaria sobre la valoración que «hace el Gobierno del borrador de reforma de los Estatutos para la elección de Rector». El diputado del principal Grupo de la oposición, Daniel Carrillo, será el encargado de trasladar el tema al hemiciclo sobre un tema que, hasta el momento, ha respetado la autonomía e independencia universitaria pero que preocupa, fundamentalmente, por el endurecimiento de los criterios para poder optar a rector apenas un par de meses antes de, precisamente, celebrarse las elecciones al máximo dirigente de la institución universitaria previstas para final de año.

En concreto, entre los méritos exigidos, el planteamiento recoge la necesidad de disponer de «seis años de experiencia de gestión universitaria en órganos unipersonales de ámbito general o en los siguientes de ámbito particular: Decano o Decana de facultad, Director o Directora de escuela, de departamento, de doctorado o de instituto universitario de investigación». Es, por tanto, la propuesta que realiza el Comisión de Estatutos creada por la UR y que viene a plasmar la derivación del artículo 51 de la LOSU. Es decir, la nueva normativa que sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), indica la obligatoriedad de acreditar «una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal» pero deja a merced de las universidades públicas su concreción.

La propuesta ha levantado ampollas en un sector de la la comunidad universitaria ya que el planteamiento reduce considerablemente el número de posibles candidatos. Calculan que de unos setenta catedráticos, quedarían habilitados aproximadamente unos diez. Hasta el momento, solo dos universidades han acelerado la aprobación de sus estatutos adaptados ya a la Ley Orgánica del Sistema Universitario a lo largo de este mismo mes de septiembre y ninguna de ellas han materializado un endurecimiento de las exigencias para optar al puesto de rector. 

Así, por un lado, la Universitat Politècnica de Valencia ha sacado adelante una base normativa que recoge en su artículo 64.1 «cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Y en términos similares han visto la luz los nuevos Estatutos de la Universidad de Zaragoza sin establecer unos criterios más restrictivos para acceder a rector. Carrillo considera que es el momento de lanzar la pregunta al Ejecutivo riojano puesto que es el Consejo de Gobierno quien en última instancia debe dar luz verde a unos Estatutos envueltos en polémica. 

«Traje a medida». El sector universitario que lidera la posición al actual equipo rectoral considera que se está confeccionando «un traje a medida» para la continuidad del rectorado. Más aún, insisten, ante la inmediata convocatoria de elecciones y teniendo en cuenta que la nueva Ley concede un plazo de tres años para adaptar los Estatutos. Dicho de otra forma, «no hay ninguna prisa» ante un horizonte que se abre hasta 2026.

«Otras universidades han retrasado los estatutos hasta la elección de rector»

El colectivo que ha manifestado su oposición frontal al borrador de Estatutos en el que trabaja la Universidad de La Rioja considera que «el documento base de adaptación a la LOSU debiera haberse retrasado hasta después de las elecciones a rector», previstas para final de año. Así lo han hecho, detallan desde el mismo colectivo, otras universidades españolas que se encontraban en una situación similar a la de la institución universitaria riojana.

Por otro lado, se desconvocó la reunión de la Mesa del Claustro, que debe estudiar las más de 150 enmiendas presentadas al borrador previsto para el pasado 20 de septiembre para citarse de nuevo el próximo 3 de octubre, el mismo día en el que el hemiciclo parlamentaria abordará este tema mediante una pregunta oral formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.