Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha vuelto a amonestar a España por los altos niveles de temporalidad de sus empleados públicos y el uso abusivo de este tipo de contratos, a la vez que insta a convertir en fijos a algunos trabajadores laborales. El dictamen, que ha generado cierta confusión -de hecho el Tribunal Supremo le ha consultado cómo ha de aplicar dicha sentencia- ha vuelto a poner sobre el mesa una situación que arrastran las administraciones públicas desde hace más de una década. La comunidad autónoma no es una excepción y, según los datos facilitados por la Dirección General de Función Pública, cuenta en estos momentos con 13.969 asalariados, de los que 6.084 son interinos y temporales, una alta tasa, según reconoce el director general del área Ángel Sáinz Yangüela, que supone el 43,5% del personal al servicio de la administración regional, un porcentaje que aspira a rebajar por debajo del 8% exigido.
Informa de que su departamento ha estudiado la sentencia europea, y coincide con los servicios jurídicos y otras comunidades, en que no convierte a los interinos en fijos, y se refiere únicamente a los trabajadores laborales, de los que la comunidad autónoma emplea en la actualidad 806 -430 de ellos temporales- que desempeñan oficios, como operarios o bomberos forestales. Eso sí, reconoce que la sentencia exige mayor control sobre la temporalidad y que a los «abusos» al respecto debe poner coto el orden jurídico o legislativo interno.
El director de Función Pública recuerda que la sentencia responde a una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre una normativa que fue enmendada posteriormente por la conocida Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que las comunidades autónomas están asentando los actuales procesos de estabilización que desarrollan. «Por supuesto estamos en lo que nos digan el Estado y los tribunales y si nos exigen convertir a un temporal en fijo lo haremos», se compromete el director general, que confía en la Ley 20/21 para rebajar la temporalidad por debajo del 8% de plazas estructurales.
Menos del 8%. «Este es el objetivo con el que estamos trabajando», afirma Yangüela, que señala que la sentencia del TSJUE no invalida los actuales procesos de estabilización de la temporalidad en la administración riojana. Destaca que, a través de estos procesos, es su intención convertir en fijos a 2.264 interinos, esto es, alrededor del 43% de ellos. Este proceso, que afectará a todos los ámbitos de la administración regional, sanidad, educación, justicia y administración general, se complementará con los nombramientos de las ofertas de empleo púbico (OPE) de 2020 y las convocatorias de 2021, 2022 y 2023.
Gracias a estas OPE, se estabilizarán 603 plazas en la administración general -el resto de las áreas deben acometer sus procesos específicos-, de tal manera que en este ámbito 1.165 trabajadores interinos se convertirán en fijos.
«Una vez finalizados los procesos de estabilización y las OPE, quedarán 270 temporales en la administración general, un 7%» resume el director de Función Pública, que avanza que con la oferta de empleo público correspondiente a 2024, que se aprobará en los próximos meses, la tasa de temporalidad quedará reducido al 1%, una tasa que resulta «muy difícil de bajar», tal y como añade.