Los detalles que se van conociendo del caso Koldo han supuesto un extra de munición para el PP contra el Gobierno, al estar implicado un antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y también para el PSOE que reclama explicaciones a los populares sobre un asunto de la causa que afecta a Baleares.
La supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia que estalló hace un par de semanas sigue dando de qué hablar en el plano político, donde persisten las acusaciones mutuas a medida que se van conociendo nuevos detalles del sumario que investiga la Audiencia Nacional.
Si desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, exige al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, que "dé la cara", en el PSOE le advierten de que son ellos quienes deben dar explicaciones por la alusión al portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que aparece en una conversación de Koldo García, exasesor de Ábalos.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha defendido en el congreso de los socialistas europeos en Roma que fue la expresidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien "reclamó el dinero" a la empresa de la trama por unas mascarillas que no eran servibles "para el uso clínico".
"Y ha sido el Gobierno del PP, ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto, el quen paralizó esa reclamación y la reclamación murió con el Gobierno del PP. Por lo tanto, explicaciones igual también tiene que dar el PP", ha subrayado.
El portavoz parlamentario del PSOE se ha referido así a una conversación que aparece en el sumario del caso, en la que Koldo García comunica a un empresario implicado que había quedado con "Miguel Tellado y 'Alberto'", sin especificar quién es este último.
La postura del PSOE es, sin embargo, a ojos del PP, muy lejana a la que debería adoptar y así lo ha dejado claro Feijóo en un acto en Bilbao, donde ha cargado contra el que cree que es un gobierno "en descomposición" y ha exigido a Sánchez y a los socialistas que aclaren lo que ocurrió, al tiempo que ha aludido a que "sabían hace tiempo" este caso y "lo encubrieron".
Desde el PP también exigen a Sánchez que aclare los contactos que su esposa, Begoña Gómez, mantuvo con el empresario Víctor de Aldama, que era representante de Air Europa, y si incurrió en conflictos de intereses por algunos de los acuerdos del Consejo de Ministros.
Mientras tanto, Ábalos, suspendido esta semana cautelarmente de militancia en el PSOE y ahora en el grupo Mixto en el Congreso, ha defendido en una entrevista su decisión de no dejar el escaño porque el aforamiento, "por lo que pueda pasar en el futuro" también es una "forma" de defenderse y la "tribuna" le da "capacidad para intervenir políticamente".
Ese aforamiento hace que deba ser el Tribunal Supremo el que, si llega el caso, investigue a Ábalos, que ha indicado que para que la causa llegue al alto tribunal "tiene que estar ya bien instruida y con claros indicios"; de lo contrario, ha añadido, "cualquier demanda, a cualquier nivel, se puede admitir a trámite, aunque luego vaya a ninguna parte".
El juez de la Audiencia Nacional sitúa a Ábalos como un "intermediario" en las "gestiones" que hizo su exasesor respecto a la reclamación de Baleares, si bien el exministro ha negado haber mediado ni en la contratación ni en la reclamación porque "ni sabía que tenían ese problema", y también ha rechazado que estuviese al tanto de que la Guardia Civil investigaba a Koldo García.
Además de los de Baleares, varios contratos adjudicados por el gobierno canario de Ángel Víctor Torres a Soluciones de Gestión están siendo investigados en el caso, cuyo sumario ha desvelado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García Page rechazó una compra de mascarillas de esta empresa por ser "claramente defectuosas".
Junto a Koldo García están investigados varios empresarios, como el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, a quien los investigadores han relacionado con dos militantes del PSOE, los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, este último concejal en la localidad de Villalobos (Zamora).
Ambos aparecen en un auto del juez, donde se cree que "podrían compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo".
Corvillo, militante socialista de Córdoba, ha calificado la situación de "surrealista" y se ha mostrado seguro de que se trata de "una cuestión política".