El Consejo de Estado ha comunicado a la Asamblea de Madrid que Pedro Sánchez no está obligado a comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga todo lo relacionado con la cátedra de Begoña Díaz en la Complutense.

Con escasas horas de diferencia, la Abogacía del Estado y la Fiscalía determinan que el Supremo debe aplicar la amnistía a Puigdemont; aunque, dice, o tiene ninguna competencia sobre el político fugado, sino que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Niega además que Puigdemont haya cometido delito de malversación.

Esta periodista no es partidaria de las comisiones parlamentarias de investigación, confía más en los jueces que en las componendas de los grupos parlamentarios para acordar quiénes deben comparecer y quiénes no, lo que permite que personas que tendrían mucho que aportar se salvan de acudir a la sede parlamentaria a cambio de que alguien de otro partido tampoco sea convocado. El informe final de la comisión también se pacta y casi siempre, por no decir siempre, no aporta nada nuevo a las investigaciones, más allá de lo que denunciaron los medios de comunicación que han sido origen de las denuncias judiciales.

Lo preocupante de estas noticias es que visualizan perfectamente las consecuencias de la estrategia desarrollada por este gobierno de colocar en la cúpula de sus instituciones a personas de la cuerda socialista. Todos los gobernantes colocan peones, pero nunca con el descaro con que lo han hecho los sanchistas.

La abogacía del Estado, por ejemplo, actúa como defensa del Fiscal General del Estado. Además de permitir así que García Ortiz cuente con defensa gratuita, dispone de medios más potentes que cualquier profesional de la abogacía por bueno que sea. También incómoda y preocupa lo que se está viviendo en el Tribunal Constitucional, en donde se sospecha de antemano qué decisiones tomará ante recursos que afectan al gobierno … Y pocas veces yerran las sospechas.

El cúmulo de noticias sobre corrupción moral y económica de miembros del gobierno y cargos socialistas, provoca escándalo continuado desde hace meses. Pero más escándalo es todavía que ante esos hechos la reacción de gobierno y partido sea encogerse de hombros y descalificar a los jueces y fiscales que actúan, en consecuencia, a los partidos de la oposición que las denuncian y a los medios que las publican. Además, como gobernantes, alardean de que están obligados a continuar para salvar a España de maleantes que se dedican a desacreditar a un gobierno que cumple con su deber institucional.

Ni pensar qué pasaría si un ministro de Feijóo, en el caso de que fuera presidente, apareciera como presunto impulsor de una red organizada de comisionistas y corrupción, y pagara con dinero público el piso y salario de una scort; o un fiscal general, también presuntamente, cometiera el delito de filtrar una información confidencial para perjudicar a una política de la oposición. Por mencionar solo un par de casos de las docenas que se van conociendo.

Gran idea de Pedro Sánchez la de hacerse con las instituciones del Estado. Nunca un presidente encontró mayor complacencia….