La necesidad de garantizar a los ciudadanos un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia es el principio rector de una ley, aprobada por amplia mayoría del Congreso de los Diputados el 30 noviembre de 2006, y que configura para ellas el derecho a un catálogo de servicios y prestaciones económicas. Entre ellas, se encuentran la teleasistencia, centros de día o noche, cuidados familiares o atención residencial, donde esta comunidad presenta una de las sumas más elevadas del país, cerca de 700 euros en todos los casos.

La normativa, que cumple ahora su mayoría de edad, se ha convertido en pilar básico y un avance innegable del sistema de servicios sociales españoles y, a 31 de diciembre de 2024, había recibido 2.165.648 solicitudes en el conjunto del país, de las que 2.125.145  han logrado derecho a una prestación o servicio.

Así figura en la Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), que publica el Ministerio de Derechos Sociales, y que apunta que el año pasado se sumaron 105.000 nuevas personas al sistema, que aumentó el número de prestaciones por dependiente a 1,40. El informe, que ofrece un amplio repaso a las distintas variables del sistema, solicitudes, resoluciones, la gestión o la cuantía de las prestaciones deja, en general, en buen lugar a su funcionamiento en La Rioja, y ratifica así los datos del  estudio  anual que elabora la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales de España, que estima que el coste global del sistema para el año 2024 asciende a 11.073 millones de euros (0,8% del PIB).

El Ministerio informa de que 2024 cerró con un total de 14.722 solicitudes en esta comunidad, 91 más que un año antes, de las que  había valorado 14.692, una cifra que es también superior en 77 expedientes al año anterior, en un escenario general de clara mejoría en todo el país, donde solo Andalucía presenta cifras negativas.

Con un ratio del 99,8% de personas a las que se les valoró el grado, el departamento de Políticas Sociales presume de un porcentaje que colocó a La Rioja como la cuarta comunidad más eficiente, por detrás del 99,96 de Madrid;el 99,94 de Galicia; y un 9,87% en el País Vasco.

Son 10.406 riojanos los que gozan de algún tipo de prestación, hasta las 14.234 -hay quien tiene derecho  a más de una -, 277 más que el ejercicio precedente, superando por primera vez las 14.000, en un país que, igualmente, alcanza la mayor cifra de la historia, por encima de las dos millones, un síntoma más del envejecimiento de la población.

Más equilibradas El sistema prevé el abono de prestaciones por diferentes conceptos y, en lo que se refiere a la atención residencial, que exige un mayor esfuerzo económico a las familias, en La Rioja se abonan 690,5 euros para los dependientes de grado tres, 693,3 para quien se le ha reconocido un grado dos, y 695,6, para los de grado dos. Estas cuantías se encuentran entre las más altas del país -son las terceras más elevadas para los de grado uno y las cuartas para los de grado dos y tres- solo superada en todos los casos por la Comunidad Valenciana y Navarra, y en dos de ellos por el País Vasco.

Una característica específica de este tipo de prestaciones en La Rioja es que son similares en los tres grados de dependencia, una circunstancia diferencial a otros territorios del país, donde se producen divergencias de mayor o menor grado. Las cuantías, explica el Ministerio, varían en función de variables como la concesión de otras prestaciones o la capacidad económica.