Como ya ocurrió con la Ciudad del Envase y el Embalaje, una nueva auditoría encargada por el Gobierno de Gonzalo Capellán detecta incumplimientos legales en otro de los proyectos estrella del Ejecutivo de Concha Andreu, el acuerdo firmado con la empresa Royo para poner en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR). El análisis efectuado por la consultora KPMG por encargo del actual Gobierno regional indica que en ese contrato se vulneraron la Ley de Contratos del Sector Público y la de Fundaciones, así como la normativa de ayudas públicas, y concluye que la aportación de dinero público al centro logístico se hizo sin dar opción a otros operadores y no reporta ningún beneficio a la Administración regional.  

 En sus conclusiones, la auditoría de KPMG explica que la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, que fue el órgano que gestionó el acuerdo, se comprometía a ejecutar las obras del centro logístico en El Sequero por más de 3,6 millones de euros y a ceder la explotación del mismo durante 33 años a la empresa Royo Operador Logístico S.L. «a título gratuito y sin contraprestación de ningún tipo», aunque eso sí con la condición de permitir el uso a otras empresas a cambio del pago de una tarifa.

A juicio de los auditores, el contrato no cumple los requisitos de la Ley de Fundaciones de La Rioja, ya que la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje «asume el coste de la construcción de una infraestructura a cambio de su propiedad temporal, pero en la práctica (...) cede el uso, la gestión y explotación del puerto seco a la empresa Royo a través de un contrato de comodato, a título gratuito, sin ningún tipo de contraprestación para la Fundación». Señala que a diferencia de otras figuras de colaboración público-privada previstas en la ley, se optó por una fórmula que «no genera ningún tipo de beneficio ni ventaja para la Fundación ni para terceros».

Afirma también KPMG que «no se ha respetado la obligación de garantizar la concurrencia y la imparcialidad» y añade que no se ha justificado que no hubiera otras empresas interesadas en explotar el centro logístico. Al referirse a la Ley de Contratos, detalla que «se conculcan los principios de publicidad, transparencia y concurrencia».

En otro punto, el texto señala otro incumplimiento legal referido a la normativa de subvenciones y ayudas públicas y de Estado y denomina como «subvención encubierta», al haberse entregado dinero público a este proyecto sin contraprestaciones por parte de una fundación. Indican los auditores que la empresa no asume riesgos al no costear las instalaciones, «pero sí recibe «íntegramente todos los beneficios de su explotación».

En ese apartado, la auditoría concluye que «puede haber» una vulneración de la normativa comunitaria en la concesión de ayudas a empresas «que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores». 

A la vista de todo ello, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, anunció a El Día de La Rioja que el Ejecutivo exigirá responsabilidades a los anteriores gestores socialistas y enviará las conclusiones de la auditoría al Tribunal de Cuentas. De lo que determine ese organismo, dependerá que el Gobierno riojano emprenda ««las acciones que tenga que tomar». 

Domínguez exonera de toda responsabilidad a la empresa Royo, con la que el Gobierno está en conversaciones para «convertir un procedimiento irregular en otro regular», y señala que su proyecto empresarial es «legítimo y beneficioso para el desarrollo económico de la región», pero que «tiene que poder ser utilizado por cualquier operador logístico».    

Además, el consejero asegura que el dictamen emitido sobre este proyecto por el Consejo Consultivo de La Rioja coincide con las conclusiones de la auditoría. «Hay incumplimientos muy graves de la legislación por parte de los anteriores gestores», apunta.

Por contra, el PSOE ve en el encargo de esta auditoría «la absoluta incapacidad» del Gobierno de Capellán «para gestionar y comprender proyectos innovadores y buenos para La Rioja». Los socialistas reprochan al Ejecutivo regional del PP «dilapidar dinero público en auditorías de parte» y «sembrar dudas absurdas» y «arrojar sospechas» sobre la empresa Royo, como hizo con Arneplan por el caso de las mascarillas, al tiempo que le piden que explique los 2,7 millones de euros que destinará a concertar el bachiller privado.   

Una segunda vía y plataforma de contenedores 

El acuerdo entre la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje y la empresa Royo Operador Logístico SL se formalizó el 3 de junio de 2022. En la presentación del acuerdo a cargo de la entonces presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el director general de Transportes Royo, Abel Royo, se indicó que la aportación del Ejecutivo riojano de 3,65 millones de euros permitiría construir una segunda vía paralela a la existente  y una plataforma de contenedores de 12.000 metros cuadrados e incorporar maquinaria para carga. «El acuerdo implica, además, que, durante  30 años, las vías serán infraestructuras públicas del Gobierno de La Rioja operadas por una empresa privada, Royo», explicaba el Ejecutivo. Antes, en marzo de 2022, el centro logístico fue declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).