El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propusieron el pasado jueves, «ante la previsible dificultad de llegar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica» introducir retoques para paliar los problemas que sufre un instrumento que no se ha revisado en diez años. Fedea ya advirtió, semanas antes, del riesgo que suponía «colgar los datos» de las balanzas fiscales porque «cada uno hará los números que más le interesa». Y de esa opinión es el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, que rechaza el concepto de balanza fiscal, que en principio consiste en calcular la diferencia entre la cuantía que una comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe de él, ya que «solo puede existir en países articulados como una federación», donde cada territorio recauda sus impuestos y hace frente a sus gastos. «En España no tiene sentido hablar de balanzas fiscales», considera el consejero, que asegura que este concepto se maneja en nuestro país únicamente con intencionalidad política. Al respecto, critica que los datos facilitados por el Estado para su cálculo -respondiendo a una exigencia de Esquerra Republicana- están ausentes País Vasco y Navarra , «los únicos que, en teoría, deberían estar». Además, afirma que son insuficientes, de tal manera que cada comunidad ha podido hacer los cálculos como le ha convenido, a la vez que para extraer una cifra real habría que tener también en cuenta las inversiones realizadas en infraestructuras, «en las que La Rioja ha sido uno de los territorios menos beneficiados».
«No es sino un intento maquillado de justificación técnica para la financiación singular» que reclama Cataluña, reitera el consejero, que entiende que el término balanzas fiscales no tiene cabida en un país que se estructura sobre la solidaridad entre regiones.
Señala que esta exigencia se ha planteado en un escenario donde las comunidades demandan un nuevo modelo de financiación autonómica, «común, transparente y negociado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFFF)», principios que rompe la balanza fiscal, «que solo sirve para justificar interesadamente que unas comunidades reciben más que otras».
Apela a la necesidad de una Conferencia de Presidentes, donde se fijen los objetivos del nuevo sistema de financiación y una negociación en el seno del CPFF y asegura que actualizar el sistema es «urgente e imperioso» debido la déficit de financiación que sufren las comunidades autónomas, consecuencia de la demora en la reforma durante 10 años, en los que han crecido las competencias regionales -como dependencia- sin que se haya reflejado en la financiación.
Tamaño y dispersión. Al respecto, exige que los costes consecuencia del tamaño y población de La Rioja sean contemplados, a la vez que otros aspectos , como la dispersión territorial, que eleva el gasto de la prestación de servicios. Además, debe tenerse en cuenta el envejecimiento por un sistema, «cuyo fin el último es que todos los españoles gocen de los mismos servicios».
Recuerda el pacto de investidura contempla una financiación «singular» para Cataluña, al que se opone frontalmente, al igual que a la condonación de las deudas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, de la misma manera, entiende como injusta porque beneficia a unas comunidades sobre otras. Afirma que se han encontrado con la «desagradable» sorpresa de que La Rioja había recurrido al FLA, cuando históricamente había permanecido ajena a los mecanismos de financiación del Estado. «Teníamos y tenemos la solvencia suficiente para financiarnos en los mercados si ningún problema, y ello transmite muy buena imagen económica», asegura el responsable de la Hacienda regional, que señala que de una deuda de 1.600 millones, 922 son con el FLA. Razona que no aporta ninguna ventaja para los ciudadanos -lo que adeudan las comunidades, luego lo deberá el Estado- y solo supondría para las primeras un ahorro en los intereses, que en el caso de La Rioja sería inferior a los 20 millones.
«Catastrófica planificación». La Rioja es, según datos oficiales, la penúltima comunidad autónoma -solo mejor que Cataluña- en ejecución de fondos europeos debido, según el consejero de Hacienda, a la «catastrófica» planificación estratégica elaborada en 2021 por el Gobierno Andreu. Relata que, de los cuatro grandes proyectos se encontraron con la «desagradable» sorpresa que territorio digital no tenia previsto ni un solo euro, las asignaciones a Valle de la Lengua provenían de fondos propios, y no «había nada» para construir un centro del envase en Calahorra. «Nos hemos encontrado con una ejecución cero», afirma Domínguez, que asegura que se encuentran en un proceso de aceleración y se compromete a ejecutar 130 millones este año.